viernes, 24 de noviembre de 2017

Las imputaciones alcanzan a más funcionarios nacionales y provinciales del Gobierno. Desde el diputado Héctor Baldassi al intendente Eduardo “Gato” Romero. También se agregó Orlando Moccagatta, por ahora el único sumariado. Por Gustavo Veiga Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación. Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación. El derroche de subsidios otorgados por la Secretaría de Deporte de la Nación salpica a cuatro funcionarios distintos, en tres ámbitos políticos diferentes. A Carlos Mac Allister y Orlando Moccagatta en el organismo que depende de la Secretaría de Presidencia; a Héctor Baldassi, diputado oficialista por Córdoba en el Congreso y al golfista Eduardo “Gato” Romero, intendente de la ciudad de Villa Allende, de la misma provincia. Las irregularidades que denunció PáginaI12 el 20 de agosto pasado en la nota titulada “Subsidios que son un privilegio para ricos” continúan provocando coletazos. El denunciante original de este caso de presunta corrupción es Nicolás Martínez Dalke, concejal peronista por Mendiolaza, una localidad serrana. El 4 de junio se había presentado ante una Fiscalía en lo Penal Económico cordobesa a cargo de Gustavo Hidalgo. Ahora ampliará la prueba documental en la que se basó para imputar al ex futbolista y al ex árbitro, dos espadas del macrismo en el ambiente deportivo. LEER MÁS A Moccagatta lo suspendieron Por Gustavo Veiga Mac Allister y el golfista Romero son los funcionarios que niegan con más énfasis las denuncias por ilegalidades en la entrega de subsidios. Pero los hechos tienen gravedad institucional por una razón. Las sumas que otorgó el Estado a clubes que practican disciplinas caras como el golf, polo y yachting –entre otras– fueron enmarcadas dentro del llamado Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. Desde que gobierna, la alianza Cambiemos le puso un nombre más escueto: Clubes Argentinos. Se trata de la ley 27.098 de 2014 que establece “el fomento, estímulo y promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales de índole barrial”. “Hace más de tres meses denunciamos en la Justicia de Córdoba los probables delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos del diputado Baldassi y del secretario de Deporte Mac Allister, por la entrega de subsidios a clubes que no son de barrio. También llevamos este planteo a la Comisión de Deportes de la Nación para que pongan un freno a estas irregularidades”, declaró Martínez Dalke. El edil cordobés mantuvo ayer un contrapunto radial con Romero, quien se defendió de sus acusaciones. “Hay gente que habla sin saber. Villa Allende respira golf. El club de golf es un club que no tiene fines de lucro”, le respondió en Radio Mitre Córdoba. No parece ser así. En los greens del Córdoba Golf Club se realiza todos los años el Abierto del Centro de la República. Se trata de la 5ta fecha del PGA Tour Latinoamérica. Los auspiciantes son OSDE, Coca Cola y el grupo Roggio, de Aldo Benito, vocal suplente entre las autoridades del distinguido club. En la edición 2016 del torneo los profesionales que lo jugaron se repartieron premios por 3 millones de pesos, unos 168 mil dólares al cambio actual. Mac Allister dio su descargo por televisión (ver aparte). “Hay mala información que anda dando vueltas”, se quejó. Su manejo discrecional de la ley 27.098 no le permite ver qué clubes de golf como el de Villa Allende – al que Martínez Dalke le pidió que devuelva el subsidio de 100 mil pesos– o el Mar del Plata Golf Club de Playa Grande, no necesitan de esas sumas que otorga la Secretaría de Deporte. Tampoco pareció lógico que les pagaran al Yacht Club Olivos –que cobra 30 mil pesos la cuota de ingreso– al Náutico Mar del Plata, la Asociación Argentina de Surf, el Mendoza Tenis Club y el Huarpes Polo Club de San Juan. “Hasta Marcos Peña, el Jefe de Gabinete de Ministros, tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre este subsidio que hoy es un escándalo a nivel nacional”, recordó el concejal denunciante. gveiga12@gmail.com

Imagen: @MartinezMarxelo
Nuevamente, las fuerzas de seguridad encabezaron otro operativo de desalojo y represión contra mapuches en la Patagonia. Esta vez fue en Bariloche, contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, cuyos integrantes habían ingresado el 14 de septiembre a una zona lindera a Lago Mascardi, que está bajo la jurisdicción de Parques Nacionales y que los pueblos originarios reivindican como territorio propio. Hubo heridos con balas de goma, además de "mujeres y niños detenidos y atados con precintos".
El operativo movilizó a más de un centenar de miembros de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía Federal, quienes bajo las órdenes del juez federal Gustavo Villanueva cortaron durante horas el tramo de la ruta 40 que une las ciudades de Bariloche y El Bolsón, que quedaron completamente incomunicadas. Decenas de móviles fueron apostados en el lugar y hasta un helicóptero sobrevoló la zona del conflicto.
Según los testimonios recogidos por Página/12, los uniformados entraron al territorio y detuvieron a siete mujeres y cinco adolescentes. El resto de los integrantes de la comunidad, hombres en su mayoría, huyó hacia el monte. Los detenidos fueron liberados recién esta noche, cerca de las 21.
Tras sucesivas intimaciones a desocupar el predio, ayer la Justicia notificó a la comunidad Lafken Winkul Mapu que el desalojo sería "inmediato”, ante lo cual los mapuches solicitaron la mediación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y adelantaron que resistirían el ingreso del personal de las fuerzas de seguridad "vestido de civil"

DEPORTES 22 de noviembre de 2017 A Mac Allister lo siguen denunciando por el Plan Clubes de Barrio Reparte subsidios por deporte

Las imputaciones alcanzan a más funcionarios nacionales y provinciales del Gobierno. Desde el diputado Héctor Baldassi al intendente Eduardo “Gato” Romero. También se agregó Orlando Moccagatta, por ahora el único sumariado.
Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación.
Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación. 
El derroche de subsidios otorgados por la Secretaría de Deporte de la Nación salpica a cuatro funcionarios distintos, en tres ámbitos políticos diferentes. A Carlos Mac Allister y Orlando Moccagatta en el organismo que depende de la Secretaría de Presidencia; a Héctor Baldassi, diputado oficialista por Córdoba en el Congreso y al golfista Eduardo “Gato” Romero, intendente de la ciudad de Villa Allende, de la misma provincia. Las irregularidades que denunció PáginaI12 el 20 de agosto pasado en la nota titulada “Subsidios que son un privilegio para ricos” continúan provocando coletazos. El denunciante original de este caso de presunta corrupción es Nicolás Martínez Dalke, concejal peronista por Mendiolaza, una localidad serrana. El 4 de junio se había presentado ante una Fiscalía en lo Penal Económico cordobesa a cargo de Gustavo Hidalgo. Ahora ampliará la prueba documental en la que se basó para imputar al ex futbolista y al ex árbitro, dos espadas del macrismo en el ambiente deportivo.
Mac Allister y el golfista Romero son los funcionarios que niegan con más énfasis las denuncias por ilegalidades en la entrega de subsidios. Pero los hechos tienen gravedad institucional por una razón. Las sumas que otorgó el Estado a clubes que practican disciplinas caras como el golf, polo y yachting –entre otras– fueron enmarcadas dentro del llamado Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. Desde que gobierna, la alianza Cambiemos le puso un nombre más escueto: Clubes Argentinos. Se trata de la ley 27.098 de 2014 que establece “el fomento, estímulo y promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales de índole barrial”.  
“Hace más de tres meses denunciamos en la Justicia de Córdoba los probables delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos del diputado Baldassi y del secretario de Deporte Mac Allister, por la entrega de subsidios a clubes que no son de barrio. También llevamos este planteo a la Comisión de Deportes de la Nación para que pongan un freno a estas irregularidades”, declaró Martínez Dalke. 
El edil cordobés mantuvo ayer un contrapunto radial con Romero, quien se defendió de sus acusaciones. “Hay gente que habla sin saber. Villa Allende respira golf. El club de golf es un club que no tiene fines de lucro”, le respondió en Radio Mitre Córdoba. No parece ser así. En los greens del Córdoba Golf Club se realiza todos los años el Abierto del Centro de la República. Se trata de la 5ta fecha del PGA Tour Latinoamérica. Los auspiciantes son OSDE, Coca Cola y el grupo Roggio, de Aldo Benito, vocal suplente entre las autoridades del distinguido club. En la edición 2016 del torneo los profesionales que lo jugaron se repartieron premios por 3 millones de pesos, unos 168 mil dólares al cambio actual.
Mac Allister dio su descargo por televisión (ver aparte). “Hay mala información que anda dando vueltas”, se quejó. Su manejo discrecional de la ley 27.098 no le permite ver qué clubes de golf como el de Villa Allende – al que Martínez Dalke le pidió que devuelva el subsidio de 100 mil pesos– o el Mar del Plata Golf Club de Playa Grande, no necesitan de esas sumas que otorga la Secretaría de Deporte. Tampoco pareció lógico que les pagaran al Yacht Club Olivos –que cobra 30 mil pesos la cuota de ingreso– al Náutico Mar del Plata, la Asociación Argentina de Surf, el Mendoza Tenis Club y el Huarpes Polo Club de San Juan. 
“Hasta Marcos Peña, el Jefe de Gabinete de Ministros, tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre este subsidio que hoy es un escándalo a nivel nacional”, recordó el concejal denunciante.

Relevaron incumplimientos del Plan de Acción contra la Violencia Promesas que el Estado no honra

La marcha comenzará a las 17 e irá de Congreso a Plaza de Mayo.
La marcha comenzará a las 17 e irá de Congreso a Plaza de Mayo. 
Imagen: Sandra Cartasso
El Gobierno lleva dos años sin poner en marcha la ley sancionada a fines de 2015, que creó un programa nacional de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencias machistas, una de las principales demandas de la primera marcha con la consigna Ni Una Menos. “Recién ahora se implementará una prueba piloto en la ciudad de La Plata, pero en el resto del país ese servicio sigue siendo escaso y desarticulado”, advirtió a PáginaI12 la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, al adelantar una de las conclusiones del monitoreo y análisis del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres –anunciado el año pasado por el presidente Mauricio Macri– que realizaron organizaciones de la sociedad civil, de la academia y activistas. Mayores recursos para el sostén económico de las mujeres en situación de violencia, y el desarrollo de políticas de largo plazo para promover su ingreso y permanencia en el empleo, capacitaciones obligatorias para incorporar la perspectiva de género en la Justicia, campañas sostenidas en el tiempo de sensibilización y difusión de servicios en municipios y que lleguen a zonas rurales y a mujeres indígenas, son parte de los incumplimientos relevados.   Con un femicidio cada 30 horas, una frecuencia que no baja en el país, de acuerdo con las estadísticas que difundió esta semana Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre hoy y mañana miles de mujeres en todo el país volverán a expresar un grito de hartazgo frente a las violencias machistas y también contra el ajuste económico que promueve el “macrismo y los gobernadores”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La convocatoria en la ciudad de Buenos Aires es a las 17 frente al Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. 
Gherardi enumeró los principales hallazgos del relevamiento que hizo ELA sobre la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, que abarca acciones de 2016 al 2019 y cuya aplicación coordina el Instituto Nacional de las Mujeres que encabeza Fabiana Túñez. Entre ellos, la necesidad de establecer políticas para abordar “las deficiencias” en la formación y en la aplicación de una perspectiva de género por parte de integrantes del Poder Judicial, donde las capacitaciones siguen siendo en su mayoría optativas y no se realizan eveluaciones de impacto que puedan medir su efectividad. Al mismo tiempo, cuestionó que la Línea de atención 144 todavía “no es accesible para mujeres sordas y personas con otras discapacidades”. 
Otros de los problemas detectados, además de la necesidad de avanzar en la implementación del patrocinio jurídico gratuito previsto en La Ley 27.210, es establecer políticas de apoyo para el proceso de inserción laboral de personas trans y población diversa.
Además, Gherardi mencionó que es necesario:  
  •  Mejorar la articulación entre los distintos ámbitos del Poder Judicial y más aún entre el Poder Judicial y los distintos espacios de atención que dependen de los Poderes Ejecutivos (nacional, provinciales y municipales).
  •  Impulsar un debate sobre los términos en que deberían promoverse las licencias por situaciones de violencia doméstica, así como otras manifestaciones de violencia, promoviendo la elaboración de guías de intervención en el ámbito laboral.
  •  Realizar campañas sostenidas en los ejes que se había planteado en el PNA, con el desarrollo de campañas inclusivas que muestren la diversidad de las personas que viven en el país, con un abordaje de las diversas manifestaciones y formas de violencia que viven las mujeres con discapacidad, las personas LBTI y las mujeres migrantes.
  •  Articular el trabajo con las redes de periodistas, universidades y espacios de formación de comunicadoras/es y periodistas, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género, de inclusión y la formación en derechos humanos en las currículas educativas.  
  •  Difundir y destacar el trabajo de las periodistas que trabajan con perspectiva de género, inclusiva y desde un enfoque de derechos humanos, una estrategia para valorizar y difundir su trabajo en un contexto de creciente desocupación y precariedad laboral para el sector. 
  •  Promover campañas en los municipios para difundir los recursos locales de asistencia para las mujeres, brindando recursos económicos a los gobiernos locales y recurriendo a canales de comunicación habituales para las mujeres, como en el transporte público automotor. Y  que lleguen a las poblaciones rurales y mujeres de pueblos indígenas.
A este panorama, se suma, como informó este diario, que el Gobierno decidió recortar el presupuesto para luchar contra la violencia machista en 2018. El Instituto Nacional de las Mujeres recibirá casi 30 millones de pesos menos que en 2017, según surge del proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

DEFICIT



DESJUBILANDO.

SANTIAGO MALDONADO.

ARA SAN JUAN INFO PAGINA 12