lunes, 29 de octubre de 2012

CLARIN Y SU AGENCIA DE TURISMO

El magistrado deberá explicar su viaje

La Comisión de Acusación y Disciplina dio un plazo de 20 días hábiles a Francisco Horacio de las Carreras para que presente su descargo respecto a la denuncia del Gobierno por haber viajado a Miami invitado por el Grupo Clarín. El juez integra la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
 
 
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se reunió esta mañana para comenzar a debatir si abre una investigación contra De las Carreras. La información sobre el viaje del camarista fue publicada el viernes por Página/12.
La comisión pasó a un cuarto intermedio, luego de que -según el artículo 11 del reglamento del consejo- se otorgara el plazo de 20 días al juez denunciado por el Gobierno Nacional. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, propuso "invitar" al magistrado a que se haga presente en la reunión de comisión del próximo jueves, iniciativa que finalmente no prosperó.

Los integrantes oficialistas del consejo expresaron que el magistrado "no podía desconocer a lo que iba ni tampoco la posición contraria a la ley de Medios que tiene el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL)", que organizó el encuentro al que habría concurrido como invitado de Clarín.

"De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado" con la ley de Medios, dice el texto de la denuncia. Allí también se sostiene que participaron de ese viaje "los abogados del Grupo Clarín Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simon". El Grupo Clarín negó estos hechos y calificó la denuncia como “falsa y maliciosa”.
En base a estos antecedentes, se pide al magistrado que, hasta tanto se decida la recusación, "se excuse de intervenir en las presentes actuaciones" relacionadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y no se descarta en el gobierno que estas revelaciones deriven en un juicio político al acusado.
GB

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