MEDIA SANCION A LA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

El Senado dio media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura Al finalizar el debate del proyecto que amplía los miembros del Consejo de 13 a 19 y establece su elección mediante el voto popular, aprobado por 39 votos a favor y 31 en contra, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, defendió la constitucionalidad de la propuesta y le reprochó a la oposición su falta de “voluntad de poder” al descontar que las iniciativas en debate solo favorecen al actual oficialismo, “dando por descontado que nosotros seguiremos ganando siempre todas las elecciones”. Mientras se descuenta la aprobación de la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, mañana será el turno de la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. En el inicio de la sesión, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes criticó "el temor a la soberanía popular y al voto del pueblo", mientras el radical Ernesto Sanz señaló que la reforma "es un retroceso aunque se la disfrace de modernización de la Justicia". El Senado inició este mediodía la sesión en que se debaten los proyectos oficiales de reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral. El oficialismo consiguió el quórum de 37 senadores y luego ingresaron los opositores. Los jefes de bloque acordaron tratar en primer lugar la reforma del Consejo y dejar el otro proyecto en segundo lugar. Mañana se votará la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. La modificación en la elección de los miembros de la Magistratura es la única iniciativa del paquete de seis proyectos oficiales que debe aprobarse con una mayoría absoluta, según lo establecido en la reforma de la Constitución de 1994 cuando se creó este organismo. El kirchnerismo necesitará de 37 votos positivos en el Senado y 129 en Diputados. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, abrió el debate como miembro informante del oficialismo. Fuentes negó que la iniciativa contenga aspectos inconstitucionales, acusó a la oposición de rechazar las propuestas oficiales "sin conocer el contenido" y afirmó que "garantizan la independencia del Poder Judicial y la soberanía popular". El eje central del proyecto de reforma del Consejo, sostuvo, es la elección de los miembros componentes del mismo "a través del ejercicio de la soberanía popular expresada en el voto", y aseguró que se trata de "demandas de una sociedad que cada día exige más democracia". Fuentes cuestionó a los sectores "corporativos y conservadores que se abroquelan" contra el proyecto y alertó que lo que se busca combatir desde el Gobierno "es el poder permanente de poderes fácticos y económicos". Justificó los cambios en la elección de los representantes de los integrantes del Consejo al hecho de que se "ha llegado a un punto de parálisis" de ese organismo a raíz de "una actitud corporativa". El senador se quejó de que "se llegó al grado de que este proyecto apunta a una justicia permeable y adicta al poder que una vez que nos vamos del poder nos siga cuidando" y aseguró que "eso es justamente" lo que el oficialismo "no quiere con la reforma". Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz consideró que la propuesta del oficialismo para reformar el Consejo de la Magistratura "es un retroceso aunque se la disfrace de modernización de la Justicia". Opinó que "de lo que se habla es de cambios permanentes no coyunturales que exceden a los gobiernos de turno". "La existencia de tres poderes del Estado es una cosa permanente y cuando se pretende modificar la esencia se lo hace a través de una reforma constitucional, eso hicimos en 1994", recordó Sanz, y agregó: "Cuando nosotros defendíamos estas cosas en los 90 ustedes eran socios de los malos". Para el senador, "se pretende convencer con la boca mientras con las manos hacen algo totalmente diferente". En tanto, la senadora nacional por el justicialismo federal Liliana Negre opinó que la reforma judicial es "un golpe de Estado constitucional". Sostuvo que si el gobierno hubiera querido "democratizar la justicia", no hubiera establecido "mayorías ni minorías" sino que fijaría "medidas para acelerar los pronunciamientos de la justicia y obligaría a los jueces a cumplir con plazos". “Destacamos la oportunidad de debatir” El abogado del CELS Damián Loreti destacó la participación de organizaciones durante el plenario de ayer en el Senado y se manifestó “relativamente satisfecho” con los resultados. Ratificó, además, la "mirada positiva" del organismo sobre el conjunto de proyectos y elogió los cambios que se le harán. "Estamos muy contentos con la oportunidad de debatir las circunstancias de la Justicia con todos los bloques de los partidos políticos", manifestó Loreti, quien puntualizó que en la reunión plenaria pudieron expresar "los problemas con visos de inconstitucionalidad" que podrían derivar por la incompatibilidad que puede plantearse con pactos internacionales. Uno de los planteos fue el referido a las excepciones para que el Estado presente una medida cautelar, donde el letrado se mostró conforme al ser aceptado cambiar el término "afectación directa" en términos de vida, salud o prestaciones alimentarias por "condiciones de vida digna". En otro punto, recordó que el CELS sugirió eliminar los "plazos fatales" en las medidas cautelares aún sin fallo definitivo que pueden "generar obligaciones agravadas" por parte del Estado. gb