Mucha soja y poca clase

Mucha soja y poca clase
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com

La mediación del defensor del Pueblo bonaerense Carlos Bonicatto del jueves por la tarde es quizá la única luz verde prendida como para vislumbrar una solución del conflicto que involucra a 300.000 docentes de esa provincia, a 3.000.000 de alumnos, a un número mayor de padres y que pone en jaque el rol de la educación pública. Las declaraciones posteriores del gobernador Daniel Scioli y del secretario general de Suteba, Roberto Baradel, pese al tono prudente de ambos, son señales claras de lo complejo del escenario. Es cierto, como dice el gobernador, que ningún otro sector de la administración pública bonaerense está en conflicto. También es cierto que la administración provincial puede pagar con recursos genuinos los 20.000 millones de pesos extras que la gobernación estableció de modo unilateral como salario docente. Lo que no es cierto es que el aumento establecido resulte del 30,9% como afirman las autoridades bonaerenses. Los dirigentes gremiales docentes afirmaron desde un inicio que esa cifra incide en el salario del 20% de los docentes. La misma ministra de Educación provincial, Nora de Lucía, aceptó eso, sólo que llevó la cifra al 30%. Además, la ministra insiste con el argumento de que hay muchos docentes que tienen dos cargos y, afirma, que duplican el sueldo por tener dos cargos. Aquí radica uno de los problemas delicados. Quien tiene dos cargos hace el doble del trabajo pero, además, percibe una cifra inferior por el segundo cargo: entre el 25 y el 40% menos. Entonces, ahora, quienes tienen más trabajo deberán aceptar que su aumento resulte entre el 22 y el 25%, sensiblemente menor que el 30,9%. Los cálculos de los representantes de los docentes indican que, en promedio, lo establecido por Scioli significa un incremento del 26%. Cabe aclarar que varios distritos importantes como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, cerraron paritaria o aceptaron decretos por encima del 30%.

En la reunión del jueves, la instrucción de Scioli a sus ministros era negociar y cerrar para que el viernes empezaran las clases. Los gremios reclamaban un 35% y más de un vocero del gobierno sabía que si la cifra promedio subía del 26 al 30% había posibilidades de cerrar. Cabe aclarar que en los últimos años el salario docente bonaerense creció menos que, por ejemplo, el salario de sus vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Scioli enfatizó que debía tomar decisiones en sintonía con las políticas del Gobierno Nacional. Para nada dijo que no ofrecía más por falta de fondos. En la gobernación aseguran que tienen los recursos presupuestarios propios capaces de hacer frente a la masa de aumento establecida. Es decir, que no será preciso emitir deuda ni pedir más fondos de la coparticipación federal que, dicho sea de paso, tiene postergada a la provincia de Buenos Aires. Un dato nada menor es que los fondos para pagar los aumentos provienen en gran proporción de Ingresos Brutos mientras que el impuesto inmobiliario rural aporta un porcentaje mínimo. En la Pampa Húmeda, en el boom sojero, en el encarecimiento durante la última década de las tierras de la zona núcleo.

El mapa nacional y la izquierda. La Argentina no deja de ser un país sorprendente. Se discute sobre si un maestro gana menos que el portero de la escuela o si es justo tener dos cargos docentes cuando se hacen dos trabajos o se habla del presentismo de un maestro de Tapiales al tiempo que la tonelada de soja en Chicago se cotiza a 521 dólares. Es indiscutible que, comparada con la situación de los noventas y el delarruismo, la situación del casi millón de docentes argentinos está mucho mejor.

Pero, cabe recordar que la situación bonaerense se extiende a otros distritos. Son 11 las provincias que están en conflicto: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y Chaco, además de Buenos Aires. Los distritos que tienen clases normalmente son nueve: Tucumán, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. En Tierra del Fuego, Mendoza y Río Negro hay expectativas de solución inmediata. En Misiones el conflicto involucra a un sector de los docentes. Encima de que cada distrito es una realidad particular, no se cerró todavía la Paritaria Nacional. En ese espacio donde están el jefe de Gabinete y los ministros de Economía y de Educación, no sólo hubo desencuentro respecto del porcentaje de aumento ofrecido, sino también sobre el tema del presentismo. No faltar al trabajo puede ser motivo para recibir un premio. Lo contrario, faltar, no debería servir para tirar abajo el salario. En todo trabajo hay normas para que un médico establezca si es justificada o no una ausencia. Entonces, en medio de una negociación salarial, ¿de qué sirve poner una discusión sobre si alguien debe cobrar un extra por no faltar? ¿Cuál es el sentido de introducir un plus por presentismo como una manera de completar el salario?

No parece conducente que los negociadores del gobierno coloquen a los representantes paritarios como los encargados de que algunos docentes faltadores seriales concurran a clase. Corresponde a los ministerios y a sus departamentos de salud fijar planes para mejorar esa situación. En todo caso, saldada la paritaria, se puede convocar a un ámbito multipartito para contribuir a mejorar los estándares de asistencia al trabajo. En lo que todos coinciden es que estas discusiones, con paros mediante, sirven para corroer la educación pública.

Respecto del papel de los dirigentes gremiales, hay que subrayar que Suteba no es sólo Roberto Baradel, a quien muchos señalan como alguien intransigente. En las elecciones de ese gremio de julio de 2013 –realizadas después de solucionado el mes anterior el conflicto salarial de ese año– la lista Multicolor, de izquierda, hizo una muy buena votación. Duplicó las seccionales que conduce: ganó en La Matanza –la más numerosa de los 135 distritos bonaerenses– además de La Plata, Berazategui, Ensenada y Tigre. Antes, la izquierda sólo conducía Bahía Blanca, Quilmes, Escobar y Marcos Paz. Amén de la competencia sindical concreta, el corrimiento de un número importante de afiliados de Suteba hacia la izquierda marca también el desgaste de tres años de huelgas donde los logros fueron menos que las expectativas de los docentes.

¿Cómo se soluciona el conflicto docente? Está claro que las diferencias entre las partes no son sustanciales ni insalvables. Se trata de unos puntos de aumento reclamados con dos elementos que pesan. El primero, los aumentos a los policías que extorsionaron en diciembre y lograron aumentos del orden del 30 al 35%. El segundo elemento es que la inflación de enero y febrero es, según datos oficiales, del 7,22%. De todos modos, cuando el Estado se endurece es difícil prever dónde termina un conflicto. Tan difícil como prever una dinámica social convulsiva.

La Argentina tiene una cantidad de leyes nacionales y provinciales que regulan los fondos que garantizan los presupuestos educativos. Incluso, el Fondo de Incentivo Docente, votado y aplaudido en noviembre de 1998 por menemistas, duhaldistas y aliancistas con la idea de paliar el impacto de la Carpa Blanca que ya llevaba 19 meses. Esa ley establecía, en su artículo primero, “un impuesto anual que se aplicará sobre los automotores cuyo costo de mercado supere los $ 4.000, motocicletas y motos de más de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional, el que se crea por esta ley con carácter de emergencia y por el término de cinco años a partir del 1° de enero de 1998”.

Apenas siete meses después, el menemismo presentó un proyecto de ley para reducir aquellos gravámenes con la promesa de que el Tesoro cubriría el bache. La historia registra que la Carpa Blanca llegó hasta diciembre de 1999, cuando había asumido el gobierno de la Alianza, que por supuesto tampoco solucionó el conflicto.

La soja y los guardapolvos. Aquella Argentina del uno a uno y del monitoreo diario de las cuentas nacionales por parte del FMI ya no está. El coeficiente de deuda externa/PBI del país es más que saludable. Pero, además, se produjo una transformación bastante impresionante del mapa nacional. En 1998, cuando se votó el incentivo docente, en la Argentina –según datos del Ministerio de Economía– se producían 6.000 millones de toneladas de soja mientras que en 2011 se llegó a 50.000 millones de toneladas y las expectativas para este 2014 son de 54.500 millones de toneladas. En cuanto al precio, aquel 1998 fue un año excepcionalmente alto y se cotizaba a 290 dólares la tonelada, aunque en los años siguientes caía a cerca de 200 dólares la tonelada. Todos recuerdan que la soja tuvo un incremento muy grande en 2008 –pasando los 500 dólares la tonelada– que llevó al Gobierno a la famosa Resolución 125 de retenciones móviles. El hecho es que, por estos días, mientras se discute el presentismo de un docente de Tapiales, la soja en el mercado de Chicago se cotiza a 521 dólares. Ningún sector político pensó –o explicitó– que podría crearse una relación entre educación y soja. Concretamente crear un fondo extraordinario con un impuesto excepcional para garantizar la educación pública de acá a 2015. Luego, en todo caso, que sea el próximo parlamento y el próximo presidente los que encaren soluciones de fondo.

Nada de la reprimarización de la economía argentina es inocuo. Y una paritaria es un escenario de puja distributiva. En el caso de los docentes públicos negocian con el Estado. Y el Estado no es inocuo. Asigna recursos en función de los ingresos que recauda. En todo caso, el escenario mayor es que América latina tiene la ventaja de los precios internacionales favorables a sus productos primarios y eso permitió que se consolidaran muchos gobiernos populares, llamados populistas por sectores adversos a estos cambios vividos en el continente.

El asunto es que no hablar del papel de la soja resulta de una hipocresía completa. En América latina había en 1976 apenas 1.370.000 hectáreas sembradas con soja. En la actualidad, según Cepal, pasó las 45.000.000 hectáreas. El complejo sojero es Brasil-Argentina-Paraguay-Uruguay. Brasil se salva por el grado de diversificación de su economía, el resto de los países, incluida la Argentina, son vulnerables porque dependen de los dólares de las exportaciones. Amén de que la soja reclama un debate a fondo sobre los agrotóxicos, la deforestación y el desplazamiento de otras producciones agropecuarias, el desafío de transformar esta estructura productiva fue uno de los fundamentos centrales de la etapa iniciada en 2003. De hecho, la lucha por la 125 dejó en claro que una parte sustantiva de los argentinos tiene clara conciencia de que la renta extraordinaria del complejo agroalimentario es una seria limitación para cualquier proceso de profundización de la soberanía.

23/03/14 Miradas al Sur