El próximo jueves, 1º de mayo, a lo largo y ancho de la Tierra, con la excepción de Estados Unidos, se celebrará el día internacional de los trabajadores. Lo de la primera potencia mundial es muy importante porque allí se celebra anualmente el primer lunes de septiembre, a contramano de su propia historia. En efecto, el 5 de septiembre de 1882, en Nueva York, desfilaron los caballeros del trabajo y esa es la fecha elegida por la cultura laboral norteamericana, especialmente desde la década del ’50, en pleno auge del macarthismo y la cacería de izquierdistas y comunistas, bajo la excusa de ser aliados o espías de la Unión Soviética. A contramano de la historia, porque lo que la historia universal del movimiento obrero recuerda es una huelga iniciada en Chicago el 1º de mayo de 1886 por la jornada de ocho horas y que derivó en un juicio vergonzoso que terminó con la ejecución de sus líderes, conocidos como los Mártires de Chicago. La celebración fue proclamada por Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, al cumplirse el primer siglo de la revolución francesa.
Para no perder la perspectiva global, precisamente un siglo después de que se estableciera esta fecha reivindicatoria de los trabajadores, se produjo una ofensiva del capital concentrado internacional, especialmente contra el sur del río Bravo. En efecto, el llamado Consenso de Washington coincidió con la debacle del socialismo soviético y de Europa oriental que también en 1989 tuvo como hito la destrucción del muro de Berlín, evento emblemático de la implosión de un sistema político antidemocrático pero conducido por los poderes fácticos del capitalismo más concentrados. Es imposible analizar la vida cotidiana de los millones de trabajadores del mundo sin reparar en el complejo escenario que dejó la hegemonía de las multinacionales privadas y del poder político y militar de Estados Unidos. Porque el Consenso de Washington fue un programa de acción político y económico para que los Estados redujeran drásticamente todos los mecanismos construidos durante décadas para redistribuir ingresos a favor de los asalariados y proteger las economías nacionales. Si a ese escenario fuera necesario agregar las modificaciones posteriores, hay que precisar entonces que ni en China ni en Rusia tienen vigencia los postulados del comunismo, cuya piedra basal es el poder para los trabajadores. En cambio de ello, con grandes diferencias entre ambas naciones, persisten poderes burocráticos que permiten al capital privado obtener alta rentabilidad.
La Organización Internacional del Trabajo, un organismo donde pueden expresarse las voces de las organizaciones sindicales y patronales de todo el planeta, hace muchos años que sólo publica estadísticas, abre foros de debate y brinda sugerencias a los gobiernos. Es decir, pese a los consejos de mantener el trabajo decente y registrado, en las últimas tres décadas avanzaron como la peste la flexibilización laboral, el trabajo precario, la brutal exclusión y la metamorfosis de las organizaciones obreras como gestoras de las reivindicaciones más inmediatas y no como verdaderas usinas de subjetividad de los asalariados.
A la par que se establece a escala mundial el trabajo basura, los Estados avanzan en la destrucción –a veces por goteo, a veces brutalmente– de los sistemas de seguridad social. Quizá el paradigma más fuerte de esto lo constituye el gran programa alimentario de la India que es, a la vez, un gran recurso de inclusión y una asimilación feroz a las necesidades de las multinacionales, tanto indias como de los países centrales. En 2013, las autoridades de ese país, que integra la elite de las naciones que saltaron a las grandes ligas –junto a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica– destinaron un presupuesto monumental para vender diez veces más barato trigo a la mitad de los hogares urbanos y al 75% de los hogares rurales. Cuando el parlamento aprobó este proyecto, la mandataria Sonia Ghandi dijo que podía cumplirse uno de los grandes sueños de su marido, el ex primer Rajiv Gandhi, asesinado en 1991. Las calorías que brindan los kilos de trigo a millones de indios no son suficientes como para borrar la imagen de los barrios pobres que están al lado de los impresionantes edificios de oficinas de las transnacionales indias.
Si algún dato es necesario para completar un panorama desalentador para los pobres del mundo, es preciso mencionar que la generación de puestos de trabajo es inversamente proporcional al desarrollo de los procesos robotizados de las principales industrias. Los gerentes financieros de las compañías prefieren, sin dudas, a los robots que a los obreros. Las máquinas, mal llamadas inteligentes, no tienen corazón ni hacen huelgas.
Para no perder la perspectiva global, precisamente un siglo después de que se estableciera esta fecha reivindicatoria de los trabajadores, se produjo una ofensiva del capital concentrado internacional, especialmente contra el sur del río Bravo. En efecto, el llamado Consenso de Washington coincidió con la debacle del socialismo soviético y de Europa oriental que también en 1989 tuvo como hito la destrucción del muro de Berlín, evento emblemático de la implosión de un sistema político antidemocrático pero conducido por los poderes fácticos del capitalismo más concentrados. Es imposible analizar la vida cotidiana de los millones de trabajadores del mundo sin reparar en el complejo escenario que dejó la hegemonía de las multinacionales privadas y del poder político y militar de Estados Unidos. Porque el Consenso de Washington fue un programa de acción político y económico para que los Estados redujeran drásticamente todos los mecanismos construidos durante décadas para redistribuir ingresos a favor de los asalariados y proteger las economías nacionales. Si a ese escenario fuera necesario agregar las modificaciones posteriores, hay que precisar entonces que ni en China ni en Rusia tienen vigencia los postulados del comunismo, cuya piedra basal es el poder para los trabajadores. En cambio de ello, con grandes diferencias entre ambas naciones, persisten poderes burocráticos que permiten al capital privado obtener alta rentabilidad.
La Organización Internacional del Trabajo, un organismo donde pueden expresarse las voces de las organizaciones sindicales y patronales de todo el planeta, hace muchos años que sólo publica estadísticas, abre foros de debate y brinda sugerencias a los gobiernos. Es decir, pese a los consejos de mantener el trabajo decente y registrado, en las últimas tres décadas avanzaron como la peste la flexibilización laboral, el trabajo precario, la brutal exclusión y la metamorfosis de las organizaciones obreras como gestoras de las reivindicaciones más inmediatas y no como verdaderas usinas de subjetividad de los asalariados.
A la par que se establece a escala mundial el trabajo basura, los Estados avanzan en la destrucción –a veces por goteo, a veces brutalmente– de los sistemas de seguridad social. Quizá el paradigma más fuerte de esto lo constituye el gran programa alimentario de la India que es, a la vez, un gran recurso de inclusión y una asimilación feroz a las necesidades de las multinacionales, tanto indias como de los países centrales. En 2013, las autoridades de ese país, que integra la elite de las naciones que saltaron a las grandes ligas –junto a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica– destinaron un presupuesto monumental para vender diez veces más barato trigo a la mitad de los hogares urbanos y al 75% de los hogares rurales. Cuando el parlamento aprobó este proyecto, la mandataria Sonia Ghandi dijo que podía cumplirse uno de los grandes sueños de su marido, el ex primer Rajiv Gandhi, asesinado en 1991. Las calorías que brindan los kilos de trigo a millones de indios no son suficientes como para borrar la imagen de los barrios pobres que están al lado de los impresionantes edificios de oficinas de las transnacionales indias.
Si algún dato es necesario para completar un panorama desalentador para los pobres del mundo, es preciso mencionar que la generación de puestos de trabajo es inversamente proporcional al desarrollo de los procesos robotizados de las principales industrias. Los gerentes financieros de las compañías prefieren, sin dudas, a los robots que a los obreros. Las máquinas, mal llamadas inteligentes, no tienen corazón ni hacen huelgas.
Argentina para armar. Antes de entrar en el momento árido que vive nuestro país, vale la pena destacar que Argentina tiene el coeficiente más elevado de sindicalización del continente latinoamericano. Y no solo eso. Pese a las contrarreformas, el sistema de seguridad social se mantuvo y mejoró pese a la atmósfera reaccionaria y deshumanizante que atraviesa el planeta. Cabe mencionar que el sociólogo francés Robert Castel, una eminencia internacional en materia de seguridad social, visitó muchas veces la Argentina y reivindicó lo hecho en estas latitudes. Castel, que murió en marzo de 2013, era muy escéptico acerca de la posibilidad de reconstruir un escenario de defensa de los trabajadores pasivos con las actuales políticas impositivas regresivas y el avance de la exclusión laboral y social. En todas las oportunidades que visitaba el país, Castel participaba de actividades organizadas por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y sus conferencias resultan un material invalorable para comprender cuáles son las maneras de avanzar en un escenario adverso para los sectores obreros de la relación de fuerzas internacional.
Lo precedente no sirve de excusa a la voraz mercantilización de la sociedad argentina ni tampoco a los errores y omisiones del Gobierno en una cantidad de temas que afectan directamente los intereses obreros y populares. El acercamiento a los organismos financieros de crédito, al acercamiento con multinacionales alimentarias, semilleros, petroleras, financieras o mineras no es ajeno a lo que otros movimientos políticos de origen popular realizan en este castigado continente latinoamericano. Y pese a la importancia trascendental de la vigencia democrática, también hay abusos y negligencias del Estado que no pueden justificarse sólo por el ambiente que se vive.
Lo precedente no sirve de excusa a la voraz mercantilización de la sociedad argentina ni tampoco a los errores y omisiones del Gobierno en una cantidad de temas que afectan directamente los intereses obreros y populares. El acercamiento a los organismos financieros de crédito, al acercamiento con multinacionales alimentarias, semilleros, petroleras, financieras o mineras no es ajeno a lo que otros movimientos políticos de origen popular realizan en este castigado continente latinoamericano. Y pese a la importancia trascendental de la vigencia democrática, también hay abusos y negligencias del Estado que no pueden justificarse sólo por el ambiente que se vive.
El Indec. El pasado miércoles 23, tal como figuraba en el cronograma del organismo nacional de estadísticas, debían darse a publicidad los indicadores de pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2013. Los del primer semestre, absolutamente no creíbles, daban 4,7% de hogares pobres y 1,4% de hogares indigentes. El día anterior, martes 22, directivos del Indec fueron a la sede de Economía y se reunieron con las autoridades. No hubo información pública del encuentro. Lo único público es que se postergaron, sin fecha precisa, los datos de la última mitad del año pasado. Es cierto que hay cuestiones técnicas, relativas al empalme de la metodología vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y la iniciada desde el primer día de 2014 para ponderar el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, que son los dos pilares para medir pobreza e indigencia.
Ahora bien, los datos que debían brindarse no requerían de los nuevos parámetros. La realidad es que las cifras no deben ser muy distintas de 4,7% y 1,4%. Está claro que la sociedad no hubiera tolerado cifras por el estilo. Tampoco debería creerse que sí tolera el silencio en este tema sensible. Además, el Indec tampoco publica cuáles son los valores actuales de ambas canastas. Podrá argumentarse, con cierto grado de credibilidad, que apenas pasaron tres meses y que pueden estar haciéndose ajustes en los cambios técnicos. Aunque las diferencias políticas entre el Gobierno Nacional y el porteño sean grandes, el trabajo estadístico del organismo de la Ciudad no difiere mucho de los nuevos parámetros del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Al respecto, la canasta alimentaria de la Ciudad en marzo resultó de 3.834,73 pesos. Una estimación provisoria, con estos datos disponibles permitiría proyectar –en la Ciudad de Buenos Aires– que entre el 20 y el 25% de los porteños están bajo la línea de la pobreza mientras que los indigentes serían cerca del 5% de los habitantes del conglomerado urbano más rico de la Argentina. Cuando todavía no se terminaron de cerrar algunas convenciones colectivas, quizás en el Gobierno haya primado la idea de no tirar leña al fuego. Ante la falta de explicaciones es inevitable hacer conjeturas. Pero el riesgo es que la falta de explicaciones alimenta las peores conjeturas.
Ahora bien, los datos que debían brindarse no requerían de los nuevos parámetros. La realidad es que las cifras no deben ser muy distintas de 4,7% y 1,4%. Está claro que la sociedad no hubiera tolerado cifras por el estilo. Tampoco debería creerse que sí tolera el silencio en este tema sensible. Además, el Indec tampoco publica cuáles son los valores actuales de ambas canastas. Podrá argumentarse, con cierto grado de credibilidad, que apenas pasaron tres meses y que pueden estar haciéndose ajustes en los cambios técnicos. Aunque las diferencias políticas entre el Gobierno Nacional y el porteño sean grandes, el trabajo estadístico del organismo de la Ciudad no difiere mucho de los nuevos parámetros del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Al respecto, la canasta alimentaria de la Ciudad en marzo resultó de 3.834,73 pesos. Una estimación provisoria, con estos datos disponibles permitiría proyectar –en la Ciudad de Buenos Aires– que entre el 20 y el 25% de los porteños están bajo la línea de la pobreza mientras que los indigentes serían cerca del 5% de los habitantes del conglomerado urbano más rico de la Argentina. Cuando todavía no se terminaron de cerrar algunas convenciones colectivas, quizás en el Gobierno haya primado la idea de no tirar leña al fuego. Ante la falta de explicaciones es inevitable hacer conjeturas. Pero el riesgo es que la falta de explicaciones alimenta las peores conjeturas.
Distribución del ingreso. Históricamente, en la Argentina se tomó el porcentaje de la renta anual correspondiente a los asalariados como un parámetro para evaluar la justicia social. De acuerdo a las mediciones del Indec, en 2001, los asalariados tuvieron el 42,1% de la renta; en 2002, cayó bruscamente a 34,6%; en 2003, cayó levemente al 34,3%; luego fue recuperándose y en 2007 superó la medición de 2001, llegando al 42,9%; en 2008, los asalariados tuvieron el 43,6% del total producido en la Argentina. Hasta allí los datos oficiales. Hacia finales de 2013, el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA orientada por Hugo Yasky dio sus propias estimaciones sobre distribución del ingreso. Según estudios dirigidos por Eduardo Basualdo y Pablo Manzinelli, en 2012 la participación de los asalariados se situaba en el 39% del PBI mientras que sus estimaciones para 2013 lo elevaba a 40%. Es decir, en los parámetros de los años precedentes a la crisis de 2001, lo cual muestra recuperación pero no más que eso. No se registró una transformación en esta materia. Hubo sí, como dato importante de los primeros años del kirchnerismo, creación de empleo del sector privado. Luego, las nuevas fuentes de trabajo fueron creadas por el sector público.
Es inevitable, tal como se señala al principio de este artículo, reparar en la globalización del capital. Los altos niveles de concentración y extranjerización tienen estrecha relación con la falta de interés del sector privado concentrado. Las grandes empresas ocuparon su capacidad ociosa pero lejos de invertir en el país aumentaron las remesas de utilidades al exterior y acompañaron el proceso de fuga de capitales de una magnitud impresionante en la Argentina de los últimos siete años. El Gobierno eligió poner el acento en sus logros, algunos de ellos hoy puestos en duda por la poca transparencia de las estadísticas oficiales. En la actualidad, aunque la situación económica no sea dramática, hay inflación alta, hay caída de la producción y hay conflictividad social. La información clara no debe asustar ni deprimir. En todo caso, las conductas que despiertan las noticias –buenas o malas– no pueden anteponerse ni a las obligaciones institucionales ni a la certeza de que los pueblos que maduran son los que asumen su realidad en forma colectiva, con valentía, con compromiso y con metas precisas, aunque estas metas no siempre sean ambiciosas.
Es inevitable, tal como se señala al principio de este artículo, reparar en la globalización del capital. Los altos niveles de concentración y extranjerización tienen estrecha relación con la falta de interés del sector privado concentrado. Las grandes empresas ocuparon su capacidad ociosa pero lejos de invertir en el país aumentaron las remesas de utilidades al exterior y acompañaron el proceso de fuga de capitales de una magnitud impresionante en la Argentina de los últimos siete años. El Gobierno eligió poner el acento en sus logros, algunos de ellos hoy puestos en duda por la poca transparencia de las estadísticas oficiales. En la actualidad, aunque la situación económica no sea dramática, hay inflación alta, hay caída de la producción y hay conflictividad social. La información clara no debe asustar ni deprimir. En todo caso, las conductas que despiertan las noticias –buenas o malas– no pueden anteponerse ni a las obligaciones institucionales ni a la certeza de que los pueblos que maduran son los que asumen su realidad en forma colectiva, con valentía, con compromiso y con metas precisas, aunque estas metas no siempre sean ambiciosas.
Marchas, bloqueos y diálogo. El 1º de mayo, en la Plaza de Mayo, tendrá lugar una marcha de los sectores de izquierda adversos al Gobierno, cuya convocatoria corre por cuenta del Partido Obrero y sus aliados en el Frente de Izquierda. Son partidarios de llamar a un nuevo paro general. La CTA dirigida por Pablo Micheli convoca a una marcha para el 8 de mayo, una semana después. Hugo Moyano y Luis Barrionuevo llamaron a marchar el 14 de mayo. Aunque el proyecto de ley de limitar la protesta social haya salido, de momento, de la agenda oficial, es evidente que dentro del oficialismo hubo quienes creyeron oportuno avanzar en un terreno que en vez de abrir puentes de negociación, parecían destinados a remarcar la autoridad pública a través de la judicialización o la presión policial.
Es inevitable hacer una referencia a que toda esta semana transcurrió con un bloqueo del sindicato de camioneros. Las siete plantas industriales de Ternium Siderar de la provincia de Buenos Aires (San Nicolás, Ramallo, Ensenada, Canning, Florencio Varela y Haedo) más dos de Siderca (Campana y Valentín Alsina) estuvieron –y están hasta el cierre de esta edición– bloqueadas por camiones que impiden la salida de productos de la empresa y la entrada de materias primas. Si bien los trabajadores y técnicos entran y salen normalmente, los piquetes impiden el despacho de producción. El conflicto es por la reincorporación de 17 trabajadores que están en el ámbito del sindicato de Camioneros. El grueso de obreros de Techint son afiliados metalúrgicos y pese a que Pablo Moyano dijo que éstos “se solidarizan” con el conflicto no hubo ningún comunicado en tal sentido, ni de la UOM nacional ni de las seccionales afectadas por los bloqueos. Moyano carga, sin nombrarlo, contra Antonio Caló, un aliado inestable del Gobierno. Pero, sin sutileza, cargó contra “los pibes” de La Cámpora, porque “están en el directorio de las empresas de Techint”. Es cierto que, por las acciones en manos del Estado, hay directores nombrados por el Ejecutivo. Sin embargo, es descabellado tanto el bloqueo como el ataque en cuestión. En todo caso, es un síntoma del poder acumulado por algunos dirigentes gremiales con capacidad empresaria y de movilización gremial al mismo tiempo.
El caso de Moyano (padre) es quizá uno de los capítulos más apasionantes y menos estimulantes. Con el prestigio ganado en los noventa, Hugo Moyano y el transporte automotor ganaron privilegios increíbles en la órbita del transporte. Al punto que el sindicato de Camioneros llegó a tener el 6,6% de las acciones del Belgrano Cargas, uno de los trenes hundido durante el menemismo y que en estos años se recuperó de la mano de las grandes empresas porque es el tren de la soja. Si la dirigencia política, a través de un debate parlamentario postergado, no se brinda a tratar en el Congreso un ordenamiento democrático de la actividad sindical, es posible encontrarse con dirigentes que, por 17 trabajadores en conflicto, tomen una medida de semejante calibre. No hay proporción alguna entre este bloqueo y los graves problemas sociales que viven millones de personas que sólo pueden subirse a un tren y trabajar a destajo o salir a revolver tachos de basura, como hacen miles y miles de habitantes de las villas y asentamientos precarios.
Es inevitable hacer una referencia a que toda esta semana transcurrió con un bloqueo del sindicato de camioneros. Las siete plantas industriales de Ternium Siderar de la provincia de Buenos Aires (San Nicolás, Ramallo, Ensenada, Canning, Florencio Varela y Haedo) más dos de Siderca (Campana y Valentín Alsina) estuvieron –y están hasta el cierre de esta edición– bloqueadas por camiones que impiden la salida de productos de la empresa y la entrada de materias primas. Si bien los trabajadores y técnicos entran y salen normalmente, los piquetes impiden el despacho de producción. El conflicto es por la reincorporación de 17 trabajadores que están en el ámbito del sindicato de Camioneros. El grueso de obreros de Techint son afiliados metalúrgicos y pese a que Pablo Moyano dijo que éstos “se solidarizan” con el conflicto no hubo ningún comunicado en tal sentido, ni de la UOM nacional ni de las seccionales afectadas por los bloqueos. Moyano carga, sin nombrarlo, contra Antonio Caló, un aliado inestable del Gobierno. Pero, sin sutileza, cargó contra “los pibes” de La Cámpora, porque “están en el directorio de las empresas de Techint”. Es cierto que, por las acciones en manos del Estado, hay directores nombrados por el Ejecutivo. Sin embargo, es descabellado tanto el bloqueo como el ataque en cuestión. En todo caso, es un síntoma del poder acumulado por algunos dirigentes gremiales con capacidad empresaria y de movilización gremial al mismo tiempo.
El caso de Moyano (padre) es quizá uno de los capítulos más apasionantes y menos estimulantes. Con el prestigio ganado en los noventa, Hugo Moyano y el transporte automotor ganaron privilegios increíbles en la órbita del transporte. Al punto que el sindicato de Camioneros llegó a tener el 6,6% de las acciones del Belgrano Cargas, uno de los trenes hundido durante el menemismo y que en estos años se recuperó de la mano de las grandes empresas porque es el tren de la soja. Si la dirigencia política, a través de un debate parlamentario postergado, no se brinda a tratar en el Congreso un ordenamiento democrático de la actividad sindical, es posible encontrarse con dirigentes que, por 17 trabajadores en conflicto, tomen una medida de semejante calibre. No hay proporción alguna entre este bloqueo y los graves problemas sociales que viven millones de personas que sólo pueden subirse a un tren y trabajar a destajo o salir a revolver tachos de basura, como hacen miles y miles de habitantes de las villas y asentamientos precarios.
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