jueves, 31 de diciembre de 2015

UN FISCAL DIO CURSO A LA DENUNCIA DE UN ABOGADO MACRISTA CONTRA TIMERMAN POR “TRAICION A LA PATRIA” Una opereta con Perón como antecedente

Por Raúl Kollmann
En una maniobra para intentar la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman, un abogado del PRO, que gusta subir a las redes sociales fotos con el presidente Mauricio Macri y otros dirigentes macristas, consiguió que un fiscal le tomara como prueba una grabación ilegal y con ella acusar al ex canciller Héctor Timerman de traición a la patria y encubrimiento. El fiscal Eduardo Taiano le pidió al juez Claudio Bonadio que investigue el audio en el que Timerman no dice nada distinto de lo que hizo público en los últimos dos años: que los sospechosos del atentado contra la AMIA son iraníes y que el camino para que declaren ante la justicia es negociar con Irán. “¿Con quién quiere que negocie? ¿Con Suiza?”, le argumenta Timerman al entonces titular de la AMIA, Guillermo Borger. El 17 de mayo de 1956, Juan Domingo Perón fue procesado por traición a la patria por el juez Luis Botet, obviamente en el marco de la llamada Revolución Libertadora. Es el único caso que se recuerda.
La grabación fue difundida por medios del Grupo Clarín hace una semana y sobre esa base se armó una fuerte operación para difundir que Timerman sostuvo algo secreto o algo distinto a lo que venía diciendo en público. En principio, el audio sería ilegal ya que el presidente de la AMIA dice que él no lo grabó, tampoco lo hizo Timerman y es obvio que se realizó sin orden judicial. No obstante, se intenta utilizar esa grabación para reabrir la causa por la denuncia realizada por Nisman pocos días antes de su muerte. El expediente está en el archivo del juzgado que encabeza Daniel Rafecas y lo llamativo es que Taiano no le dice a Bonadio que le envíe la grabación a Rafecas para ver si cambia en algo el archivo del expediente original. El fiscal, en cambio, le pide a Bonadio que le reclame a Rafecas copia de la causa de la denuncia archivada.
El abogado que puso en marcha esta causa contra Timerman es Santiago Dupuy de Lome, quien se reconoce como militante del PRO, y registra numerosas denuncias anteriores. Por ejemplo, acusó al ex ministro de Economía Axel Kicillof de enriquecimiento ilícito, por haber aumentado sus bienes en 600 mil pesos, pese a que Kicillof renunció a un sueldo de 400 mil pesos mensuales como director en YPF. En sus otras denuncias, Dupuy apuntó contra Martín Insaurralde, Amado Boudou, Juan Cabandié y otros miembros de La Cámpora y muchos otros integrantes del kirchnerismo. Sin problemas, su carta de presentación son fotos con Mauricio Macri.
La denuncia, tomada por Taiano, busca instalar un viejo prejuicio antisemita: un canciller, judío, traiciona a la patria. O, en otras palabras, un judío responde a alguna sinarquía internacional. La acusación ya fue vertida hace unos días, también contra Cristina Kirchner, por un camarista de Casación, Juan Carlos Gemignani, claramente ubicado en la derecha judicial. Otro denunciador serial, Ricardo Monner Sans, tomó rápido la posta y la llevó a tribunales, pese a que lo referido en ese diálogo, la negociación con Irán, no sólo fue pública, sino que terminó siendo una ley del Congreso. El Memorándum de Entendimiento fue votado por ambas cámaras, por lo cual habría que acusar de traición a la patria también a la totalidad de los legisladores.
En verdad, el objetivo central de la denuncia es tratar de reabrir la presentada por Nisman contra la ex presidenta y el canciller Timerman. Ese expediente está archivado después que el juez Rafecas la desestimara por inexistencia de delito, lo confirmó la Cámara Federal y también la desestimó el fiscal de Casación, Javier De Luca. Pero, además, en aquel mes de enero de 2015, la jueza Servini de Cubría consideró que no era materia de feria. Lo mismo dijo el juez Ariel Lijo. Rodolfo Canicoba Corral consideró que lo presentado por Nisman no tenía valor probatorio y luego los más destacados juristas del país, de distinto color político, coincidieron con Rafecas en que no existía delito alguno: León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier, entre otros.
La grabación no contiene nada distinto de lo que se conoce públicamente. Es un diálogo ríspido entre Borger, que está con otro dirigente de la AMIA, José Scaliter, y el canciller Timerman.
- El ministro insiste en que se debe negociar con Irán para que declaren los sospechosos.
- Deja en claro que de lo único que se conversa con Teherán es de la causa AMIA y no hay diálogo sobre comercio, granos, petróleo ni nada de lo que se adujo.
- Timerman dice varias veces que los imputados son ciudadanos iraníes, por lo cual no hay chances de conseguir nada si no se negocia con Irán. “¿Con quién querés que negocie? ¿Con Suiza? Decime vos con quién querés que negocie. Si fuera con otro, no hubiera puesto la bomba”, le insiste el canciller.
- “Nosotros no vamos a decir que no negocien con Irán, vamos a decir que Irán es mentiroso, no es creíble, que es negacionista del Holocausto”, le contesta Borger.
El diálogo transita siempre sobre la negociación para que declaren los imputados. Y la sospecha de que Irán tuvo responsabilidad está en varios dictámenes tanto del fiscal Nisman como del juez Canicoba Corral. También consta en Interpol. De manera que mencionar el vínculo de Irán con la bomba, tampoco era ninguna novedad.
La feroz crítica al Memorándum y a la negociación con Irán proviene esencialmente de los sectores republicanos de Estados Unidos, de Israel y, alineándose, el macrismo y las fuerzas que claman venganza contra el kirchnerismo. Hace un año, Nisman y Stiuso eran los voceros de esa postura, hoy revivida. Una mirada distinta tiene el gobierno de Barack Obama que, según se supo ahora, viene negociando con Irán desde 2012. Por eso sólo hubo una felicitación de Israel por la ofensiva macrista contra el Memorándum mientras que se registra un nítido silencio de la Casa Blanca. Hoy Irán es casi un aliado de Estados Unidos en la crisis de Siria y firmó un acuerdo de limitación nuclear y levantamiento de sanciones con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Washington está a punto de reabrir su embajada en Teherán y el Reino Unido lo hizo recientemente.
La lógica es que después de la feria, Bonadio –el juez más antikirchnerista de Comodoro Py– decida algunas medidas en el expediente por la denuncia de Dupuy de Lome, aunque el debate sobre las negociaciones con Irán es parte justamente de la causa que tiene Rafecas. Nada es ahora seguro en Tribunales, donde soplan más que nunca los nuevos vientos políticos, pero son muy pocos los que recuerdan algún procesamiento por traición a la patria, un delito que está por encima del Código Penal, en el artículo 29 de la Constitución.
Aunque se hicieron muchas denuncias, incluso contra dirigentes de la AMIA y la DAIA, la única referencia que existe de un procesamiento ocurrió el 17 de mayo de 1956. Los acusados-procesados fueron Juan Domingo Perón y otros dirigentes del peronismo. Se los procesó por ese artículo 29 y por asociación ilícita. Este último delito surgía pura y exclusivamente de su pertenencia al Partido Justicialista. En el mismo fallo del juez de la Libertadora se ordena la prisión de decenas y decenas de militantes peronistas.

› LA APROPIACION DE LAURA RUIZ DAMERI Cuatro condenados

os prefectos y dos marinos retirados destinados en la ESMA durante la última dictadura fueron condenados el miércoles por el juez federal Sebastián Ramos por la apropiación de la hija de los militantes desaparecidos Orlando Antonio Ruiz y Silvia Beatriz Dameri, nacida en ese centro clandestino de la Armada en 1980. El prefecto Juan Antonio Azic, que ya había sido condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA, recibió una pena de diez años de prisión por sustracción, retención y ocultación de la menor en concurso con falsedad ideológica de documento público, ya que la inscribió como hija propia. La misma pena recibió el médico y capitán retirado Carlos Octavio Capdevila, quien intervino en el parto en cautiverio. Condenas de siete años de prisión recibieron el contraalmirante retirado Edgardo Aroldo Otero, por entonces director de la ESMA, y el prefecto Jorge Manuel Díaz Smith, que presenció el parto. En la causa también estuvo imputado el capitán Oscar Rubén Lanzón, ex jefe del Grupo de Tareas 3.3, que murió en septiembre último.
La niña apropiada por Azic y su esposa Esther Noemí Abrego, quienes también criaron como hija propia a la actual diputada Victoria Donda, es la tercera hija de los militantes montoneros Ruiz y Dameri. Ambos se exiliaron en Suiza tras el golpe de Estado y volvieron al país en 1979 en la marco de la contraofensiva de esa organización. De documentos elaborados por el propio GT 3.3 surge que fueron secuestrados en una zona de frontera el 4 de junio de 1980. El paso siguiente fue la ESMA, donde también estuvieron sus hijos Marcelo y María de las Victorias, de tres y dos años, luego abandonados en Córdoba y en Rosario.
Silvia fue vista en la ESMA con su embarazo avanzado y dio a luz a su tercera hija, Laura Ruiz Dameri, en la sala denominada “Huevera”, en el subsuelo del casino de oficiales de la ESMA. El médico Capdevila fue asistido durante el parto por otra secuestrada, Irene Wolfson, quien igual que Ruiz-Dameri permanece desaparecida. En una habitación contigua, Azic aguardó el nacimiento junto a Lanzón, según contaron sobrevivientes de la ESMA. Víctor Basterra recordó que “salió el médico Carlos Capdevila, a quien le decían Tommy, con la beba en brazos, y se la dio al jefe de Inteligencia de ese momento, que era Guratti o Lanzón, éste se la pasó a Díaz Smith y éste último nos la pasó a nosotros”, en referencia a los secuestrados que hacían trabajo esclavo. “La expectativa ese día del personal militar estaba centrada en el parto porque no había capturas ni caídas”, contó Carlos Lorkipanidse.
La niña fue inscripta como hija biológica por Azic y su esposa, que la llamaron Carla Silvana Valeria Azic, en base a un certificado de nacimiento falso fechado el 30 de julio de 1980 que firmó el médico naval Alberto Domingo Arias Duval, ya fallecido. Victoria Donda recuperó su identidad en 2000. Su hermana de crianza nunca aceptó dar una muestra de sangre. La Justicia finalmente obtuvo muestras de ADN de objetos personales a los que accedió mediante un allanamiento y en mayo de 2008 el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que es hija de Ruiz y Dameri.
La causa tramitó con las reglas del Código de Procedimientos penales vigente hasta 1992, por lo que no tuvo publicidad y no hubo debate oral y público. El fallecido fiscal Luis Comparatore había pedido 15 años de prisión para todos los acusados, incluido Lanzón, pedidos que mantuvo el fiscal Franco Picardi. Azic ya había sido condenado por la apropiación de Donda. El juez Ramos unificó ambas sentencias en 15 años de prisión: el prefecto, alojado en la cárcel de Ezeiza, saldrá en libertad en enero de 2023. Capdevila, condenado como partícipe necesario de la sustracción, retención y ocultación de la menor y preso en el Centro de Detención de Mujeres de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, cumplirá su pena en enero de 2018, establece la sentencia. Díaz Smith y Otero fueron condenados como coautores. La pena del prefecto, preso en Marcos Paz, vencerá el próximo 9 de noviembre. La del ex director de la ESMA, con arresto hogareño en Teodoro García 1963 7º “B”, Capital Federal, en abril de 2018.

Por Mario Wainfeld Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma. Hay acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son, forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas, entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran a millones de personas. Hay decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único. La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares. Hay que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre Cambiemos. Se verá. En el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos de combatir una forma de concentración de poder fáctico. - - - Los cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan. La narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación. Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder mediático. La legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela. Hay en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín. Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y jaqueadas para dar con poderes comparables. - - - La única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos de interés, a universidades. Son perejiles en este juego. - - - Otro comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura un mercado cada vez más reducido y desigual. Las alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero. Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes. - - - La judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de enumerar. Las instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín. ¿Tendrá, llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo. - - - Se describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de profesionales de universidades públicas. La elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta amarilla y honran rápido una deuda construida en años. - - - Los cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma, todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”. En la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales. Es éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes) para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de todo al kirchnerismo. Para el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta de haber sido el peor por vivirse. mwainfeld@pagina12.com.ar

Por Washington Uranga
La medida anunciada ayer por el gobierno del PRO –parcialmente bloqueada por una acción judicial– respecto de Afsca y Aftic no hace sino confirmar la decisión de las nuevas autoridades en el sentido de no reparar en las formas, tampoco en la institucionalidad, con tal de avanzar en los objetivos que se proponen. Un análisis más pormenorizado de todas las consecuencias habrá que hacerlo una vez que se conozcan en detalle las normas y haya tiempo suficiente para una mirada en profundidad. Sin embargo, desde ya caben algunas consideraciones.
- Legalidad: tal como lo advirtieron reconocidos constitucionalistas y abogados expertos en derecho a la comunicación, lo que se está pretendiendo hacer con las dos leyes en cuestión es ilegal en términos formales pero, sobre todo, es ilegítimo porque –más allá de los argumentos que se aducen– lo que se está avasallando son los mecanismos de la democracia en favor de intereses privados de grandes grupos económicos.
- Atropello a la democracia: aunque el discurso oficial diga lo contrario, la LSCA ha sido una de las normas más discutidas y consensuadas en la historia argentina. De sus debates, también de su aprobación legislativa, participaron hasta muchos de los que hoy militan en las filas de Cambiemos, varios de los mismos que ahora arremeten contra lo que en su momento apoyaron, o por lo menos guardan silencio cómplice. Anular por decreto leyes a las que se arribó mediante consenso y movilización social es, cuando menos, una burla a la democracia.
- Cinismo: se miente sistemáticamente cuando se usa como argumento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se ha puesto en práctica y que por dicho motivo el Gobierno intenta ahora dar pasos para mejorar el servicio. El planteo, además de mentiroso, es decididamente cínico porque lo que ahora se pretende es favorecer a quienes desde el momento en que la LSCA fue sancionada –y aun antes– hicieron todo para trabar su puesta en marcha mediante chicanas judiciales. Resulta por lo menos ridículo que quienes fueron causantes y cómplices de la no aplicación ahora usen esto como argumento par voltearla.
- La competencia: con el mismo cinismo se niega lo evidente, la concentración monopólica de medios. Se dice que el derecho a la comunicación de los argentinos tiene que quedar sometido a las leyes del mercado y de la competencia. Es un argumento insostenible desde cualquier punto de vista. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que tiene que estar garantizado por el Estado en el marco de una política pública en la materia. Esto es así no en la Argentina por el capricho de alguien, sino que se trata de un principio ampliamente aceptado en todo el mundo y por la comunidad internacional.
- Complicidades y favores: nadie debería perder de vista que con estas medidas el macrismo está pagando la cuenta de los favores que las corporaciones mediáticas le hicieron para alcanzar el poder. Y que nada de esto se podría hacer sin la connivencia o el silencio cómplice de parte de la Justicia.
La suma de lo expuesto, a lo que deben agregarse otros argumentos no menos relevantes pero no incluidos en estas pocas líneas, constituye por sí mismo una burla a la inteligencia ciudadana y un nuevo atropello a la democracia. Una realidad a la que en pocos días de gobierno el macrismo quiere acostumbrarnos y para la que habrá que encontrar la manera de ponerle coto dentro del marco de la institucionalidad. Ello en salvaguarda de la democracia que tanto nos costó construir.

OPINION La ley del más fuerte

Por Mario Wainfeld
Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma.
Hay acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son, forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas, entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran a millones de personas.
Hay decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único.
La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares.
Hay que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre Cambiemos. Se verá.
En el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos de combatir una forma de concentración de poder fáctico.
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Los cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan.
La narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación. Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder mediático.
La legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela.
Hay en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín. Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y jaqueadas para dar con poderes comparables.
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La única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos de interés, a universidades. Son perejiles en este juego.
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Otro comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura un mercado cada vez más reducido y desigual.
Las alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero. Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes.
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La judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de enumerar.
Las instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín.
¿Tendrá, llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo.
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Se describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de profesionales de universidades públicas.
La elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta amarilla y honran rápido una deuda construida en años.
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Los cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma, todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”.
En la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales.
Es éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes) para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de todo al kirchnerismo.
Para el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta de haber sido el peor por vivirse.

MIENTRAS EL CASO SIGUE JUDICIALIZADO, MACRI AVANZA CONTRA LA LEY DE MEDIOS Y BENEFICIA A GRUPOS PRIVADOS Un DNU de fin de año para ayudar a los amigos

MIENTRAS EL CASO SIGUE JUDICIALIZADO, MACRI AVANZA CONTRA LA LEY DE MEDIOS Y BENEFICIA A GRUPOS PRIVADOS

Un DNU de fin de año para ayudar a los amigos

Por Sebastian Abrevaya
A orillas del lago Nahuel Huapi, rodeado de 30 hectáreas de bosques y montañas, Mauricio Macri firmó ayer un nuevo decreto de necesidad y urgencia. Según anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Presidente resolvió mediante un DNU que a partir de ayer se terminó “la guerra del Estado contra el periodismo”. La medida, que se publicaría el lunes en el boletín oficial, crea un Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y elimina la Afsca y la Aftic, autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Además, se realizan modificaciones en varios artículos de esa legislación para beneficiar al sector privado. Ambos organismos habían sido intervenidos por decreto la semana pasada y sus interventores, Agustín Garzón y Mario Frigerio, ya habían desplazado a Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sin embargo, ayer el juez de La Plata Luis Arias dictó una medida precautelar en la que declaró nula la intervención del Ejecutivo y le ordenó que se abstenga de realizar cualquier modificación de “las facultades y la existencia de la Afsca”. El juez Arias advirtió que en caso de avanzar con el DNU anunciado ayer, la actitud de Macri “dejaría de ser una violación a la constitución y pasaría a cometer directamente un delito”. De todas formas, fuentes del PRO aseguraron que apelarán el fallo y ratificaron que el lunes publicarán el DNU.
Sobre el filo del fin de año, el jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa junto a Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Miguel de Godoy, ex secretario de medios porteño y eventual titular del Enacom. “Hace 7 años se inició una guerra contra el periodismo. Esa guerra tuvo muchos capítulos, siempre motivados por una visión cerrada de la democracia, autoritaria, que planteaba que aquel que no se disciplinara al pensamiento de la Presidenta debía ser combatido, marginado, perseguido de distintas maneras por el Estado”, aseguró Peña, en un alegato político para fundamentar la destrucción de los ejes centrales de la ley de medios audiovisuales, aprobada por amplias mayorías en el Congreso.
El funcionario nacional adelantó que el DNU tiene tres aspectos principales: la creación de la Enacom (que absorbe a la Afsca y la Aftic) que contará con un directorio de siete miembros, cuatro representantes del Ejecutivo y tres del Parlamento. Esa composición choca con los cuestionamientos que realizaron tanto radicales como macristas durante el debate de la LSCA, quienes le habían reprochado al kirchnerismo que el directorio de la Afsca tenía mayoría oficialista. Además, este nuevo organismo dependerá del ministerio de Comunicación, también a contramano de los pedidos de mayor independencia por parte de la oposición al FpV.
Fuentes del ministerio de Comunicaciones aclararon a Página/12 que la ley de medios audiovisuales y la de Argentina Digital seguirán vigentes hasta tanto se apruebe en el Congreso una nueva ley de comunicaciones. Sin embargo, el DNU prevé una “flexibilización” de esa regulación. Por un lado, se permite la transferencia de licencias para el sector con fines de lucro, prohibida por el artículo 41 de la ley (declarado constitucional por la Corte Suprema). Si bien se mantiene el mecanismo que exige pedir autorización para aprobar la transferencia de licencias, en caso de que el Enacom no responda y se haya presentado toda la documentación, a los 90 días quedará tácitamente aprobado el traspaso de la licencia.
Por otro lado, se modifica el artículo 45 de la ley, que es el que restringe la multiplicidad de licencias. Se quita el tope máximo de 35 por ciento de audiencia potencial y se traslada la regulación de los prestadores de servicios de TV por cable a la órbita de la ley Argentina Digital. El fundamento de esta última medida es que las redes que se utilizan para dar servicios de televisión por suscripción con vínculo físico se utilizan también para dar servicios de Internet por lo que así se unificaría la regulación de la red en una sola norma.
Por último, Peña anunció que se iniciará el período de transición de dos años (con una prórroga eventual de un año más) para que las telefónicas puedan dar servicios de televisión por cable, lo que implicará el ingreso de grandes empresas como Telefónica al mercado del cable y la posibilidad de otorgar el famoso “triple play”, que incluye internet, telefonía y televisión.
Mientras todas estas cuestiones seguirán reguladas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia, se dispone la creación de una comisión bicameral del Congreso para que comience a discutir una nueva regulación que integre las dos leyes actuales. Según adelantó el jefe de Gabinete, estiman que la discusión de la nueva ley puede prolongarse por aproximadamente un año.
Tras conocerse los anuncios, Sabbatella aseguró que “es una locura lo que hacen Macri y sus funcionarios. Arrasan los derechos consagrados por leyes del Congreso Nacional mediante DNU”. “Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU”, insistió Sabbatella mediante las redes sociales.

Batalla judicial

Casi en paralelo con el anuncio, ayer se conoció la decisión de jueza en lo contencioso administrativo federal, Cecilia Gilardi, de rechazar el pedido de una medida precautelar solicitada por Sabbatella. La jueza, en cambio, resolvió continuar con el procedimiento establecido en la ley que regula las medidas cautelares y le ordenó al Ejecutivo que presente dentro de los tres días siguientes el informe que de cuenta del interés público comprometido en caso de dictarse una cautelar. De todas maneras, pocas horas más tarde, el juez Arias, de La Plata, sí aceptó un amparo similar presentado por el delegado de la Afsca en esa ciudad, Guillermo Guerín. Si bien Arias determinó que no es competente para resolver el fondo de la cuestión –la constitucionalidad del decreto de intervención– otorgó la precautelar para resguardar derechos subjetivos del demandante, así como derechos de incidencia colectiva como el acceso a la información y la libertad de expresión. El magistrado recordó que la Corte Suprema, al declarar la constitucionalidad de la ley en 2013, advirtió sobre la importancia de que el encargado de aplicarla (la Afsca) sea un “órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. Arias entiende que a través del decreto 236, que dicta la intervención “se somete al órgano de aplicación a la voluntad directa del Ejecutivo Nacional, quebrantando la finalidad y el espíritu de la ley”.
En la parte resolutiva del fallo, el juez se declara incompetente y remite la causa al juzgado federal, que deberá ser sorteado en los próximos días por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, otorga la medida precautelar, ordenándole al Ejecutivo que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Afsca”. De esta manera, deja sin efecto todas las medidas adoptadas por el interventor, Garzón al 29 de diciembre. “No se modifica la intervención, la intervención sigue vigente. Tampoco implica la reposición de las autoridades desplazadas de la Afsca. Simplemente implica que no se puedan remover funcionarios y empleados, no se pueda disponer la fusión de las entidades vinculadas a la comunicación que se había anunciado a través de la creación del Enacom, conforme a la conferencia de prensa que se dio a conocer hoy a la mañana”, explicó Arias en declaraciones a Radio del Plata.
Conocido este fallo, los funcionarios de la Afsca removidos esta semana por Garzón se presentaron en la sede del organismo pero la policía federal les impidió el acceso. Desde el PRO, en cambio, insistían anoche en que el amparo se otorgó por un juez incompetente y adelantaban apelarán la medida una vez la Cámara Federal sortee el magistrado que llevará la causa a partir de ahora. De todas maneras, ante la advertencia de Arias había dudas respecto de la publicación en el boletín oficial del último DNU de Macri. Se tomarán los próximos días para analizar la mejor salida del conflicto, teniendo en cuenta que existen múltiples presentaciones judiciales realizadas por defensores de la ley de medios, en distintos juzgados del país.
Tapa de la fecha 31-12-2015
DIARIOREGISTRADO.COM

La historia del niño que nació sin luz.
En el Gobierno se discutió si separar las medidas anunciadas ayer en partes y si era mejor hacerlas rápido o postergarlas. “Ya lo habíamos sacado a…
PAGINA12.COM.AR

DESPEDIR ES PRO

Los despidos se produjeron en siete jardines de infantes, colegios e institutos terciarios; algunos subvencionados por el estado. Alerta en el Sadop.
DE 0223.COM.AR

en caba mientras tanto

Mientras tanto, en la gran cuidad !!!
Excelente publicación de OETEC: Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo
Las represas de Santa Cruz: en defensa del empleo, la industria y la seguridad energética:
"Llama poderosamente la atención que el Presidente valore más la opinión de la señora Tompkins en relación al supuesto daño medioambiental que las represas ocasionarían a la provincia de Santa Cruz que la legislación provincial, las resoluciones de la audiencia pública realizada el 9 de diciembre (y su casi centenar de exposiciones de especialistas, miembros de ONGs y pobladores), los ingentes beneficios socioeconómicos y energéticos que las represas significarán para Santa Cruz y el país y, por último, las relaciones estratégicas con la potencia número uno del planeta y sus cerca de 13.000 millones de dólares en inversiones comprometidas en sendas obras de infraestructura (muchas ya licitadas)." http://www.cfkargentina.com/las-represas-de-santa-cruz-en-…/
El presidente valora más la opinión de la señora Tompkins que las audiencias públicas y beneficios socioeconómicos y energéticos que las represas…
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http://www.el1digital.com.ar/.../isidro-casanova-cortaron...

MACRI HAMBREA

Masiva marcha en Córdoba contra el recorte a jubilados de Schiaretti y el macrismo

Hubo una masiva convocatoria de estatales que se movilizaron hasta el Centro Cívico de Córdoba para manifestarse en contra del recorte jubilatorio, promovido por el gobernador Schiaretti en sociedad con el bloque macrista. Prometen endurecer las medidas de fuerza.
Masiva marcha en Córdoba contra el recorte a jubilados de Schiaretti y el macrismo
Redacción En Orsai // Jueves 31 de diciembre de 2015 | 12:46
La ley es violatoria del sistema de irreductibilidad de las prestaciones, lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de Gobierno ya que existe un derecho adquirido
Gremios estatales de Córdoba se movilizaron el martes para expresar su rechazo a la nueva legislación previsional impulsada por el gobernador Juan Schiaretti que establece una rebaja en la jubilación de los trabajadores. Los sindicatos concentraron en la intersección de avenidas Colón y General Paz para luego dirigirse a Casa de Gobierno.
Exigen la derogación de la Ley 10.333, aprobada la semana pasada en la última sesión de la Unicameral, con los votos de Unión por Córdoba (menos José Pihen e Ilda Bustos) y de Juntos por Córdoba (PRO, UCR y FC).
La nueva ley previsional modifica el método de cálculo de haberes jubilatorios, tomando como referencia el salario activo de los últimos 48 meses, menos los aportes personales.
Sumado a esto, en lugar de la contribución del sistema provincial, se aplicará la alícuota del 11 por ciento del sistema nacional. Esto equivale al 73 por ciento del sueldo activo bruto, en lugar del 82 por ciento actual.
“Implica un real ajuste al sistema previsional provincial que en nada asegura la sustentabilidad financiera, como señalan ‘alegremente’ los fundamentos de la norma sancionada. La ley es violatoria del sistema de irreductibilidad de las prestaciones, lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de Gobierno ya que existe un derecho adquirido”, afirmaron desde el gremio de Luz y Fuerza al portal Cba24.
En lo que es una clara demostración de fuerzas, participan de la movilización intergremial trabajadores del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Suoem), del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), de Luz y Fuerza, empleados judiciales de la AGEPJ, educadores privados de Sadop, La Bancaria, trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los empleados de la Unión del Personal Superior (UPS).
“La política en general del gobernador Schiaretti está beneficiando a sectores económicos concentrados y ajustando a los trabajadores. Nada parecido a lo que dijo durante la campaña. Es más perjudicial que la ley derogada”, valoró Federico Corteletti, secretario gremial de AGEPJ.
“El Gobernador no es el dueño de la Caja ni el dueño de la mejor solución. Los beneficiarios y los que soportamos la Caja tenemos mucho para decir. La Provincia tiene un montón de problemas y el Gobernador corta por lo más delgado que es el sistema jubilatorio”, apreció Juan Monserrat, titular de UEPC.
El secretario del gremio docente insistió: “Le guste o no le guste al Gobernador, los jubilados de Córdoba con el diferimiento previsional y con las tasas de inflación del 30% le resolvieron gran parte de los problemas de tesorería. Schiaretti ha trampeado y burlado la voluntad de los cordobeses”.
La protesta cuenta además con el apoyo de cuerpos orgánicos de algunos gremios privados como la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y Uecara del Interior (peajes), entre otros.
También hay agrupaciones políticas: la fracción del radi­calismo que lidera Dante Rossi, ?el Partido de los Trabajadores ­Socialistas (PTS), Patria Grande, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista, entre otros.

DICTADOR

[Opinión]
Demetrio Iramain asegura que la democracia asiste impasible a su propio retroceso.
¿Te sorprendieron los primeros días de Macri en el gobierno?
Por Demetrio Iramain.-
TIEMPO.INFONEWS.COM

RESISTIENDO

Miles de personas se han manifestado en contra de las medidas económicas del flamante Gobierno argentino. Los ciudadanos rechazan un decreto presidencial…
HISPANTV.COM|DE HISPANTV

PROVOCANDO EL PRO

Víctor Heredia
4 h
Víctor Heredia
4 h
Queridos amigos de la página. 
Jamás hubiera pensado que tendría que dar esta información: Acaba de llamarme Hebe desde la sede de Madres de Plaza de Mayocontarme que hoy a las cuatro de la mañana un grupo de violentos intentó entrar a las fuerza a la radio de las Madres, amenazando y golpeando al guardia de seguridad. También me informó con profunda preocupación que llueven las amenazas de muerte sobre ellas. Hoy harán la denuncia en la comisaría correspondiente a la sede de Madres luego de la plaza.
Tengo el corazón destrozado porque la democracia no debe permitir estos hechos que creímos sepultados en el pasado.
Víctor Heredia
Daniel Lazaro Raichijk
23 h
La Comisión Interna de prensa de Canal 13 y TN participó hoy de la asamblea de trabajadores del Grupo 23
Este es nuestro comunicado:
Expresamos nuestro incondicional apoyo y solidaridad en la lucha que están llevando nuestros compañeros trabajadores de prensa del Grupo 23 ( Tiempo Argentino - Diario, El Gráfico,Infonews.com,
Radio América , Vorterix Rock , Radio FM 92.1, Rock and Pop ,CN23 Canal de televisión, Revista 7 Dias...entre otros) por el pago de salarios adeudados y el riesgo que pone la patronal en la amenaza a la continuidad del trabajo de los compañeros.
El ajuste patronal siempre es a costo del trabajador y en este caso la excusa es la "falta de recursos".
Los trabajadores no manejamos los recursos de las empresas, damos nuestro trabajo día a día y exigimos dignidad en el salario y seguridad en nuestros puestos de trabajo.
La lucha de ellos, es la nuestra.
Comisión Interna de trabajadores de prensa de Canal 13 y TN

Aguad Futbol Para Todos

CLARIN MANDA AGUAD OBEDECE

No aclare que oscurece ministro .

NI EL ROCK TE DEJA LOMBARDI

El músico mandó un video a los integrantes de la importante radio que tanto aportó al rock nacional y a la pluralidad de voces. “Ojalá no tiren por la borda…
DIARIOREGISTRADO.COM|DE DE LA REDACCIÓN DE DIARIO REGISTRADO

RESISTIR ES VENCER