El pedido de reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta y Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes involucrados en el atentado a la AMIA partió de la DAIA y estuvo acompañado por campañas de descrédito al gobierno anterior, en cuyo marco se inscriben las viejas declaraciones de Antonio Horacio Stiuso, que reflotó Clarín en un intento de condicionar a los camaristas que debían resolver el asunto, tal como consignó Irina Hauser en su columna del domingo pasado en Página/12.
La denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de su muerte, en la que acusaba a la ex presidenta, a Timerman y otras personas de encubrimiento, fue cerrada hace más de un año y medio por decisión del juez Daniel Rafecas, confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Cámara de Casación Penal. Nisman había buscado hacer foco en la idea de que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado el 27 de enero de 2013, era parte de una estrategia para desvincular a los iraníes que tenían pedido de captura y no, como decía el pacto, una vía que permitiría que fueran indagados. Lo cierto es que el acuerdo nunca entró en vigencia, el congreso iraní no lo confirmó, ni funcionó por ende su Comisión por la Verdad que supervisaría todo. Tampoco cayeron las alertas rojas para lograr la captura de los iraníes, ni antes ni durante ni después de la firma del acuerdo.
La DAIA decidió volver a la carga aprovechando el aumento de la hostilidad judicial de Comodoro Py contra CFK. Llevó al juzgado de Rafecas supuestas pruebas nuevas y pidió ser querellante. La entidad entregó una conversación telefónica de 2012 (cuando aún se negociaba el pacto con Irán) entre el expresidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el excanciller Timerman. Se trata de una conversación privada que alguien (ninguno de ellos) grabó en forma subrepticia, donde Timerman hacía referencia en algún tramo a la responsabilidad de Irán en el atentado. El otro argumento era que quedó firme la inconstitucionalidad del Memorándum. El fiscal Gerardo Pollicita respaldó la presentación. Pero Rafecas la rechazó: una de las razones es que la postura argentina, oficialmente inclusive, siempre fue la de acusar a Irán, y de hecho por eso el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas. La inconstitucionalidad del Memorandum, dijo, ya había sido tenida en cuenta. Pasó por varios tribunales y el Congreso, pero no hubo nadie que denunciara en todo el tratamiento que su firma se basara en un delito. Rafecas volvió a explicar en su resolución la inexistencia de delito. Y rechazó, en su momento, a la DAIA como querellante, por esa razón.
La apelación llevó nuevamente la discusión a la Sala I, la misma que ya rechazó abrir la investigación la primera vez con los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes hoy decidieron rechazar una vez más la denuncia original.
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