Marcos Peña usó a la Gendarmería para hacer campaña. Pero en el fondo están los acuerdos con la DEA y un desequilibrio creciente entre las fuerzas en favor de la Gendarmería. El caso Maldonado. Procesos en Salta y Corrientes.
La santificación de la Gendarmería a cargo de Marcos Peña resuena como la frase de Eduardo Duhalde sobre la Bonaerense: “La mejor policía del mundo”. Recién después del asesinato de José Luis Cabezas, hace ya más de 20 años, Duhalde terminó convenciéndose de que debía reformar su policía. En 1997 ya no era la mejor sino “la maldita”. No solo generaba costos intolerables a la sociedad sino al propio gobernador. A pesar de la historia, sin embargo, el Gobierno nacional cierra filas con la cúpula de Gendarmería luego de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El miércoles 4, durante el informe de gestión, el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié preguntó a Peña si estaba orgulloso de la actuación de las fuerzas de seguridad en el caso Maldonado. Aunque dijo que “no habrá encubrimiento ni se apañará” a nadie, Peña contestó: “Estoy orgulloso de que las fuerzas de seguridad lideren el combate al narcotráfico que ustedes no realizaron”. Hasta ese momento algunos funcionarios del Gobierno intentaban cambiar el contexto de la desaparición. O negaban la hipótesis de la desaparición o ponían el caso Maldonado en el marco de un secesionismo mapuche que ningún dirigente importante de las comunidades patagónicas pregona. La frase del jefe de gabinete fue la primera que mezcló el combate al narcotráfico con la cuestión de las tierras indígenas (verdadero trasfondo) y con la probable detención ilegal de Maldonado.
¿La alusión de Peña es parte de la campaña electoral? Puede ser. En 2015 Cambiemos tuvo éxito al presentar a María Eugenia Vidal como una garantía contra los narcos. Pero hay más que campaña. Mauricio Macri firmó con Barack Obama en marzo de 2016 acuerdos de cooperación en seguridad que ampliaron el poder en la Argentina de la DEA, la agencia anti-drogas de los Estados Unidos. La Casa Rosada prefiere inscribirse en la agenda exterior norteamericana que, hacia afuera de los Estados Unidos, ve el asunto de las drogas bajo un paradigma militar o policial. Vidal y Macri parecen no prestar atención al éxito de los Estados que emprendieron procesos de despenalización como Colorado o California. La DEA tiene fuertes lazos operativos con la Bonaerense y, sobre todo, con la Gendarmería. La mejor Gendarmería del mundo es al mismo tiempo, entonces, una definición de política exterior. Parte de ese compromiso involucra presupuesto creciente y una postura de no intervención en el sólido aparato de inteligencia de la fuerza, que viene desplegándose sin interrupciones desde el gobierno de Carlos Menem. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó en los últimos reportajes que a ella le pedían la presencia de gendarmes en zonas urbanas inseguras. En general, accedía. Quizás ese despliegue incesante haya retardado aún más la reforma de las policías provinciales y contribuido a edificar la imagen de una superfuerza. Nada de eso evitó problemas internos que trascendieron las paredes del Edificio Centinela, sede de la Gendarmería. En 2012 grupos de oficiales y suboficiales se rebelaron en público alegando problemas de sueldo y condiciones de trabajo precarias.
Hay otra experiencia norteamericana (otra vez: hacia adentro y no hacia afuera) que la Argentina desaprovecha. Una de las claves de la gobernabilidad del Estado federal es el equilibrio entre las numerosas agencias de seguridad e inteligencia. Si fuesen pocas y para colmo se produjera un desequilibrio en favor de una sola de ellas -la CIA o el FBI, por nombrar las más conocidas- la privilegiada pasaría a tener más poder que la misma Casa Blanca.
La santificación actual de la Gendarmería tiene costados curiosos. La Administración Macri comenzó su gestión con 43 gendarmes muertos. Son la mayoría de los 50 que el 14 de diciembre viajaban en un camión desbarrancado en Salta camino a Jujuy cuando acudían a un SOS emitido por el gobernador Gerardo Morales solo por una protesta pacífica de la organización social Tupac. Se trata del famoso acampe que desató la persecución contra Milagro Sala.
Fue la máxima tragedia que sufrió la Gendarmería en su historia. Los 43 no son mártires de una guerra que no existió. Fueron muertes innecesarias. O sea, injustas: el juez federal Julio Bavio incluso procesó a dos altos oficiales porque no hicieron nada para evitar la tragedia.
El accidente fue por el reventón de un neumático. En septiembre último la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento del comandante Ricardo Villasanti y el subordinado Juan Carlos Germán por estrago culposo seguido de muerte. El fallo los involucró en “la ruptura del neumático delantero derecho y el mal estado de las gomas, que llevaban rodados 88.137 kilómetros, con un desgaste desparejo y fecha de fabricación en 2007”. Según la sentencia “el accionar de Germán y Villasanti no se ajustó al deber de cuidado que debían observar en el ámbito en que se desempeñaban”, que era el de “velar por el correcto funcionamiento de los vehículos” donde se trasladaban los gendarmes. Ni Villasanti ni Germán viajaban en el camión. La Gendarmería nunca terminó de abandonar su antigua característica de fuerza militarizada, con jerarquías rígidas y diferencias de casta entre los de arriba y los de abajo.
Libres de paso
Otro proceso, que lleva adelante la juez Cristina Pozzer Penso, involucra a uno de los más caracterizados jefes de la casta superior, el comandante de Gendarmería retirado Omar Viero, del área de Inteligencia y hombre fuerte de la ciudad correntina de Paso de los Libres. Es una causa impulsada por Eduardo Colombo, encargado del área en la Procuraduría que encabeza Alejandra Gils Carbó, por trata de personas con ramificaciones en la Argentina y Brasil . Ya están procesados Viero y el ex fiscal federal Benito Pont, presuntamente por blindar las operaciones de trata o asociarse a los comerciantes de carne humana. Viero, imputado por cohecho, es cuñado de Pont y supuesto dueño del Hotel Momentos, que alojaba a las víctimas de trata. Ya en 2005 PáginaI12 reveló las conexiones entre Viero y Pont.
Los correntinos conocen el audio y la transcripción de las conversaciones mantenidas en 2016 entre Viero y el gobernador Ricardo Colombi, que justamente hoy busca la elección de su delfín Gustavo Valdez. Las charlas revelan confianza, un tono misterioso y abundancia de la palabra “eso”, seguramente una referencia a esto: el abogado de la entidad Infancia Robada, Hermindo González, dijo a la web “Contrapoder” que el dinero proveniente de los negocios ilícitos generados por el contrabando a través del puente entre Paso de los Libres y Uruguayana y por la trata en las dos ciudades podría ser una de las fuentes de la financiación política del oficialismo.
Al margen de su meta electoral, la obsesión de Colombi era lograr el acuerdo del Senado para designar como juez federal de Paso de los Libres a Gustavo Fresneda, de su extrema confianza. Pero la jueza Pozzer registró que el tema figuraba en las conversaciones con Viero y pidió investigar al gobernador por presunto tráfico de infuencias. Paso de los Libres es importante para Colombi también porque desde 2009 existe una causa por enriquecimiento ilícito traducido en dos casas lujosas.
Consultado el autor de esta nota por el autor de esta nota, aclaró: “Obviamente un artículo periodístico no tuerce ninguna elección y sería tonto que un periodista buscara conseguirlo. Pero acontecimientos masivos como un comicio sirven para hacer visible antiguas y sólidas tramas de poder que solo pueden seguir en pie por la connivencia entre funcionarios del Ejecutivo y jefes de fuerzas de seguridad”.
Convertir a la Gendarmería Nacional en la clave del encubrimiento de Maldonado y hacerla famosa ante las Naciones Unidas, que ya la mencionan en sus documentos, se parece mucho al camino que Duhalde ya transitó entre la mejor y la maldita. Bien podría contarles la historia a Peña y a Colombi.
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