miércoles, 29 de noviembre de 2017

hundiéndonos de a poquito

POSADAS Comprar en Encarnación: solo de 7 a 19 y no podés superar los $ 850 por mes 29 noviembre, 2017 P W 1 Views Endurecen los controles aduaneros en…
LAVOZDEMISIONES.COM

Macri, mentime
Un error de cálculo del Gobierno le costará al Estado 1.200 millones de pesos
El servicio a Mercedes del Ferrocarril Sarmiento continuará suspendido al menos una semana más, debido a que el nuevo puente que inauguraron encima de la ruta 5 es demasiado angosto y los trenes no pueden pasar.
El sitio especializado Crónica Ferroviaria explicó que mientras que los vagones del servicio Moreno-Mercedes pasan con poco espacio, los trenes de larga distancia de origen chino no pueden circular ya que el puente es demasiado angosto y "rozan con los parantes".
Sigue en El Destape: https://goo.gl/U1ukL7

mariano obarrio ...se quedóen el 76.

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Los gobiernos, argentino y chileno, “en su apoyo al reclamo de los terratenientes” llevaron “a cabo la verdadera política de genocidio y desaparición de los pueblos nativos”.
Se produjo el 25 de noviembre de 1886. Actualmente esta fecha conmemora el “Día del aborigen fueguino”.
LAIZQUIERDADIARIO.COM

Regionales.
LA CGT MATANCERA SE MOVILIZA EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL
SEMANARIOQUINTOPODER.COM

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APU INFORMA

Represión macrista 
A través de un comunicado, la ministra habló de un "enfrentamiento" y señaló que la Prefectura actuó en defensa propia. Por su parte, los mapuches hablaron de una "cacería". Todos los heridos (entre ellos Rafael Nahuel, que finalmente murió) son mapuches. 

Patricia Bullrich insistió con la teoría del enfrentamiento (Leer nota)
"Acá hay fuerzas federales que asesinaron a un joven mapuche que estaba reivindicando sus tierras” (Leer nota)
"Rafael Nahuel no era terrorista, era un pibe pacífico (Leer nota)
Asesinaron por la espalda a un joven mapuche de 22 años (Leer nota)
Familia Maldonado: "Continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva" (Leer nota)

Economía
El ajuste buscado por Macri: el paquete de reformas impuestas por el FMI (Leer nota)
Ramallo: la maniobra extorsiva de Rocca en Siderar (Leer nota)
Privatización de Vialidad: "Le adjudicarían obras públicas a quien ellos quieran" (Leer nota)
Humor
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SOCIEDAD ENFERMA
"contó que mientras se encontraba en el retén en la ruta “atrás mío, en la misma fila de autos, pasaban caminando y algunos decían ‘pegale un tiro en la frente a ese hijo de puta y dejame pasar’. Yo creo que la sociedad está enferma."
#HoyMeSuscribo
El "Estado Macrista" cruzó los límites de convivencia
EL GOBIERNO REBALSÓ EL VASO, Y NO HAY AGUA
(Por Héctor Sosa(*)) ¿No les parece que el gobierno de derecha de Mauricio Macri ha puesto en una tensión límite a la democracia? ¿Acaso las políticas represivas no forman parte del plan para instalar un nuevo modelo económico, social, cultural y comunicacional? Reprimieron a jóvenes, mataron a dos de ellos. Reprimieron a jubilados, merenderos, trabajadores, periodistas, pueblos originarios, maestros, pibes de una murga, entran a las universidades y hacen retenes igual que en 1976: ¿Casualidad o estrategia de “guerra blanda”?
http://nos-comunicamos.com.ar/node/7476
Lo informó oficialmente la empresa ayer. El grupo de empleados que se quedó sin trabajo llevaba más de un año con suspensiones permanentes. Sigue la destrucción de empleos en las textiles
Lo informó oficialmente la empresa ayer. El grupo de empleados que se quedó sin trabajo llevaba más de un año con suspensiones permanentes. Sigue la…
INFOGREMIALES.COM.AR

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martes, 28 de noviembre de 2017

Greenpeace denunció el desmonte ilegal en una finca salteña de un primo del jefe de Gabinete Las topadoras de la familia Braun Peña

 zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
La imagen de la zona donde se encuentra la finca Cuchuy muestra el avance de la soja sobre el monte.
La imagen de la zona donde se encuentra la finca Cuchuy muestra el avance de la soja sobre el monte. 
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó. 
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri. 
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017. 
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal. 
Informe: Juan Funes.

Schmid anticipó la decisión de la central sindical Rechazo de la CGT a la reforma previsional

El Consejo Directivo cegetista se reunirá esta tarde y fijará su posición con respecto al cambio del régimen jubilatorio que impulsa el Gobiermo. El triunviro de la CGT se expresó en contra de esa reforma, pero defendió la laboral.
Imagen: Leandro Teysseire
El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid salió a rechazar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno y ratificó su respaldo al de reforma laboral acordado entre el Ministerio de Trabajo y la cúpula de la central obrera que él integra. Cuestionó, además, a los dirigentes sindicales cegetistas que se oponen a esa iniciativa, con particular énfasis al camionero Pablo Moyano. “Él es secretario gremial del Consejo  Directivo, pero en el Consejo Directivo somos 30”, disparó.
El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento confirmó que durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT prevista para hoy impulsará una declaración de “rechazo absoluto en todos sus términos” a la reforma previsional que, entre otros puntos, pretende reducir los aumentos en los haberes jubilatorios. El dirigente confirmó que con el Gobierno “nunca hubo tratativas en ese sentido” y que la postura de la CGT “siempre fue de rechazo a esas reformas”.
Sin embargo, ese tema será el único sobre el que habrá una expresión de rechazo. No está previsto que se discuta también una declaración respecto de la cuestionada reforma laboral, repudiada por un sector de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores liderada por el bancario Sergio Palazzo, y las dos CTA. Mucho menos se debatirá sobre participar o no en la movilización de este miércoles convocada por esos espacios.
“Están en todo su derecho de cuestionar”, concedió Schmid y seguidamente le envió un mensaje a sus críticos: “Hicimos un Comité Central Confederal donde muchos de los que están cuestionando le dieron el aval al Consejo Directivo para que se iniciaran las negociaciones”.
En su defensa de la reforma acordada entre el triunvirato que conduce la central de la calle Azopardo y el Ministerio de Trabajo, el dirigente remarcó que “el núcleo central de la Ley de Contrato de Trabajo fue extirpado de las tratativas que tuvimos con el Gobierno” y, por lo tanto, quedó afuera del texto que llegó al Congreso.
Además, negó que esa iniciativa incluya una afectación a los derechos de los trabajadores y enumeró: “Baja de indemnizaciones, no existe. Pago de indemnizaciones por parte de los empleadores, tampoco existe (sic). Banco de pruebas para organizar el trabajo y darle facilidades al empleador, tampoco existe. Artículo que pretende igualar la relación del trabajo y el capital, tampoco existe”.
Respecto de la modificación de los convenios colectivos, sostuvo que “cada mesa de negociación”, es decir cada sindicato, será el responsable de establecer los términos y, para aclararlo, sintetizó: “La central sindical es un órgano político, no es signatario de convenios.”

MACOS PEÑA OPINION...JUSTIFICANDO ASESINATOS??

Marcos Peña insistió con "los grupos violentos"
Sin mostrar una sola prueba, machacó con los mapuches armados
El jefe de Gabinete justificó lo actuado por el Grupo Albatros porque procedió "de auxiliar de la Justicia", cargó nuevamente contra la comunidad mapuche y dio indicaciones de cómo debería hacerse la investigación del asesinato de Rafael Nahuel. Cuestionó al juez por "no haber podido asegurar las pruebas para ver lo que pasó"
Imagen: DyN
El jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a respaldar el accionar del grupo Albatros de Prefectura durante el operativo de las fuerzas de seguridad en el que fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel. Para Peña, los miembros del personal de Prefectura “actuaron de auxiliar de la Justicia” durante la represión a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu porque respondieron a la orden del juez Gustavo Villafañe. No solamente ratificó la defensa del Gobierno a las fuerzas y calificó nuevamente de “violentos” al grupo que estaba reclamando por las tierras, porque también renovó las críticas contra el magistrado y le indicó cómo debería investigar el caso. 
Durante una conferencia de prensa, Peña ratificó el discurso del gobierno a favor de Prefectura y en contra de los pueblos originarios. Cuestionó que Villafañe por "no haber podido asegurar las pruebas para saber qué pasó" durante el operativo de desalojo del sábado último en la zona del Lago Mascardi y aseguró que la comunidad que se instaló en el lugar "se ha caracterizado por su violencia". 
“Estamos hablando de un operativo judicial ocurrido el fin de semana y ordenado por un juez y una fiscal, en el que las fuerzas de seguridad actuaron de auxiliar de la justicia, y da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial", justificó el funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. 
Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano, avalaron la versión de los prefectos, que sostienen que  fueron atacados por los mapuches con “armas de grueso calibre” y con tácticas militares. Como ya habían detallado en un comunicado, alertaron sobre un rebrote de la “violencia armada” en el país. 
El jefe de Gabiente dejó en claro que esa situación “genera una preocupación” en el gobierno y asumió que para ellos “lo importante es seguir trabajando en el foco de este tema". Peña distinguió esta mañana que se está hablando de un desalojo "en un parque nacional" y "de un grupo que se ha caracterizado por su violencia y que no tiene nada que ver con el accionar de la inmensa comunidad de mapuches que no han tenido esta actitud".  
Al apurar al magistrado, como lo hizo ayer Bullrich, resaltó que  “el juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar”. 
A pesar de que el jefe de Gabinete demostrara tanto interés en el material probatorio, ayer Bullrich había dicho que ellos no tienen que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad” porque le dan “a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”. “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”, sentenció la ministra sobre la que se impulsa un nuevo pedido de remoción. SITIFICANDO ASESINATOS???

Exigen la salida de Milagro Sala de la cárcel "El Estado está obligado a cumplir"

El Centro de Estudios Legales y Sociales precisó los alcances de la medida provisional dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la dirigente social. Detalló que antes del 15 de diciembre se debe sustituir la prisión preventiva por la prisión domiciliaria en su residencia habitual o implementar medidas menos restrictivas a sus derechos.
Imagen: EFE
"Esta es la cuarta o quinta conferencia que hacemos en el CELS por el seguimiento de la detención arbitraria de Milagro Sala, que ya va a cumplir dos años". Horacio Verbitsky, presidente de ese organismo, arrancó así el informe que brindó junto a Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS y Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Sala, sobre los alcances de la reciente medida provisional dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de la diputada del Parlasur, que se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero, Jujuy. 
La Corte IDH le dio plazo hasta el 15 de diciembre al Ejecutivo nacional para que sustituya la prisión preventiva por la prisión domiciliaria en su residencia habitual, o medidas menos restrictivas a sus derechos. Según se indicó en la conferencia de prensa, el fallo es de "cumplimiento obligatorio".
"Tenemos que entender que es muy raro que la Corte dicte una resolución de esta naturaleza. El caso tiene que ser muy grave. Y la resolución es muy clara en cuanto a la gravedad y la urgencia. La Corte dice claridad que Milagro tiene que salir de la cárcel e ir a una prisión domiciliaria, y no excluye la posibilidad de la libertad", indicó Verbitsky. 
La medida dispuesta por la Corte IDH fue dictada luego de que la CIDH le solicitara su intervención ante el incumplimiento del Estado nacional de la medida cautelar que había sido dictada el 27 de julio de este año y que ordenaba el traslado de Sala a un régimen de prisión domiciliaria. La Corte IDH apuntó contra el juez Pablo Pullen Llermanos y advirtió su "equivocación" a la hora de analizar los informes médicos y un desconocimiento del principio de autonomía de las personas detenidas respecto a la prestación de servicios de salud por parte del magistrado.
"La Corte es explícita, entiende que la situación de Milagro es de gravedad extrema, que está en riesgo su salud física y psicológica, y su integridad personal", dijo Gómez Alcorta, al analizar la situación de su defendida tras 682 días de padecer una detención que se considera "arbitraria".  En ese contexto señaló que se trata de “una medida histórica que hace justicia frente a un Poder Judicial y no solamente el de Jujuy sino también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene dos incidentes respecto a Milagro para resolver que tienen dictamen favorable por parte de la Procuración General de la Nación desde abril”.
"El Estado no tiene ya más excusas para dilatar el cumplimiento de esta resolución que es además vinculante y obligatoria”, enfatizó la abogada.
“Esta es una medida sin antecedentes en varios sentidos”, detallo Kletzel. Y explicó: “No sólo porque la Corte acredita que se cumplen con los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño sino que además dispone específicamente cuáles son las medidas adecuadas para el cumplimiento de esta disposición provisional. Esto en ningún modo es habitual y si lo hace es porque está claro que estas medidas no pueden quedar al arbitrio de la Argentina porque ya ha demostrado con la construcción de una cárcel en el domicilio de La Cienaga y que han existido como mínimo errores de interpretación en lo que se refiere al cumplimiento de una orden de un organismo internacional. Que el máximo tribunal de derechos humanos de la región decida especificar la orden no es habitual y es muy relevante”.
Otro de los puntos centrales de la resolución se relacionan con la valoración por parte de la autoridad judicial respecto a la delicada situación de la diputada del Parlasur. “La Corte observa que los informes médicos y psicológicos revelan una situación de riesgo a la integridad personal y a la salud (tanto mental como física) de la señora Sala, asociada a los procesos judiciales que se le siguen. Distintos informes médicos han señalado que la señora Sala padece de un trastorno depresivo mayor”. Y consideró que la autoridad judicial interna, a la hora de valorar la situación de la dirigente social no tuvo en cuenta los dos episodios de autolesión que sufrió en la cárcel en febrero y octubre de este año. 
Según lo dispuso la Corte IDH, el gobierno argentino debe presentar a mas tardar el 15 de diciembre un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de la Corte e informar cada tres meses al organismo sobre las medidas provisionales adoptadas.

El obispo de Bariloche salió al cruce del discurso del Gobierno "Están armando un enemigo”

Juan José Chaparro dijo desconocer la existencia de la RAM y negó que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tengan vínculos con esa organización. Contó que los propios mapuches le habían manifestado su preocupación por posibles hechos de violencia armados por otros en torno a su reclamo y pidió a las autoridades acceder al diálogo para no comenzar "a sumar muertos”.
Imagen: Diócesis de Bariloche
El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, advirtió que “las autoridades” del Estado deben favorecen la apertura de “canales de diálogo” con las comunidades mapuches para que asesinatos como el de Rafael Nahuel “no se repitan y no comencemos a sumar muertos”. Además, el religioso negó la posibilidad de que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tuvieran vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): “Me parece que están armando un enemigo”, puntualizó.
Chaparro fue uno de los integrantes del grupo de personas que accedió al territorio de Villa Mascardi donde el joven de 21 años fue baleado por Prefectura, para ver la situación en que se encontraba el resto de los miembros de la comunidad. “Hay jóvenes varones, mujeres y niños”, describió. Según su relato, en el diálogo con el juez que ordenó la represión y que encabezó esa comitiva, Gustavo Villanueva, los mapuches pidieron “hacer algunos días de duelo” y luego retomar las negociaciones sobre su permanencia allí.
Asimismo, dijo sentir “preocupación y dolor” por lo que ocurrió con Nahuel y pidió “lucidez y racionalidad” para “que se abran caminos de diálogo” y rescató la decisión de Villanueva de posibilitar la llegada de “ayuda humanitaria” a ese lugar. “Hay que dialogar y hacer todos lo posible por salvar vidas humanas”, remarcó.
Paralelamente, durante una entrevista con radio La Red, el obispo relativizó además la existencia de alguna relación entre la RAM y el reclamo de la comunidad que desde el 14 de septiembre se asentó en un predio lindero al lago Mascardi, que reivindica como propiedad ancestral. Es más, puso en tela de juicio la existencia de ese grupo que los gobiernos nacional y de Río Negro califican como una organización que siembra el terror en la Patagonia.
“No conozco la existencia de la RAM. Me parece que se está armando un enemigo”, señaló el religioso quien, con estos dichos, puso en jaque la versión del gobierno nacional sobre la presencia de esa supuesta organización paramilitar. En su experiencia, relató, en los barrios más pobres de Bariloche “hay gente que vivía en un lugar y que luego se fue endeudando hasta que de repente no tenían más ese terreno” y comenzaron a buscar otros lugares para vivir. Algunos de ellos, continuó, pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, ejemplificó. “Pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, afirmó.
“No siempre que se ocupe un lugar significa que quienes lo hacen sean grupos RAM u otros”, insistió y recordó que en la superficie que abarca su diócesis “hay organizaciones y comunidades mapuches que han estado trabajando para conseguir sus tierras de una manera legal”. Citó entre ellos a las varias comunidades y al Parlamento Mapuche, que tiene sus representantes en esa ciudad turística.
Es más, contó que antes de una de las movilizaciones de los últimos días, varios integrantes de ese pueblo originario le manifestaron su “preocupación” porque “hayan actos de violencia” en los que ellos no tengan nada que ver. “Siempre puede haber otros que se metan”, arriesgó y dijo conocer casos como el “incendio de un refugio” en el que “apareció la palabra RAM”. “Pero yo no los conozco”, reforzó.
Respecto del asesinato de Rafael Nahuel, Chaparro evitó arriesgar si la muerte fue producto de "una ejecución" por parte de las fuerzas de seguridad. La autopsia determinó que el joven murió de un disparo por la espalda con una bala como las que usa el Grupo Albatros de la Prefectura. “La reconstrucción la tendrá que hacer la Justicia”, dijo. “Lo que yo quiero –subrayó- es que se encuentren caminos de diálogo y que haya una solución aunque sea temporaria.”