DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014 ABUSO DE POSICION DOMINANTE Concentración y consumidores

Por Hernán Letcher y Julia Strada *

“Copiar a Venezuela no le hace bien al país. La Ley de Abastecimiento es algo retrógrado e inconstitucional y sólo existe en Argentina” (Ratazzi, UIA). Para Daniel Funes de Rioja (Copal), “en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado”. También las críticas de la Asociación Empresaria Argentina indicaron un “grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional”. Massa agregó: “No es atacando empresas la forma de cuidar el trabajo de la gente”, para luego exigir una reducción de la presión tributaria para “facilitar el funcionamiento de la economía y no entorpecerlo”. Finalmente Binner sostuvo que “en el actual contexto la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores” y añadió: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado”, imperdible perla del dirigente del Partido Socialista que completó el panorama.

Las propuestas de reforma a la Ley de Abastecimiento por parte del Poder Ejecutivo han desatado una avalancha de críticas de parte de políticos de la oposición y sectores del establishment económico concentrado. Con sólo repasar las declaraciones más resonantes, se destaca el acto reflejo de rechazo que genera simplemente la posibilidad de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso tratándose de las cadenas de producción-industrialización-comercialización, nudo gordiano del aumento de precios.

En este sentido, el eje de debate debe centrarse en la concentración. La regulación que hoy se critica se origina en la necesidad de la defensa de los consumidores. En este caso, el 61 por ciento de las empresas denunciadas por sus usuarios son grandes firmas, y los reclamos que encabezan la lista son por “entrega o prestación defectuosa” de los productos o servicios, mientras que en segundo lugar aparecen los reclamos por cobros indebidos.

En términos discursivos, los empresarios indican que están de acuerdo en mejorar la normativa de defensa del consumidor pero no acompañan el resto de las propuestas. En realidad se resisten a la intervención del Estado porque no quieren normativas que permitan neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, les han permitido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de la habitual estrategia de aumentos de precios.

En el rubro alimentario el escenario está marcado por la concentración. Es uno de los de los mercados donde la puja por el excedente es clara (y ha tenido correlatos en aumentos de precios de bienes de consumo masivo), dado que son los sectores más humildes quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la canasta básica. Desde el lado de los consumidores, el 20 por ciento de la población del país que percibe menores ingresos destina más del 40 por ciento de sus gastos al rubro alimentos y bebidas. Para el 20 por ciento de la población con mayores ingresos estos gastos constituyen un 37,8 por ciento del presupuesto del hogar.

Pero no es el único rubro donde hay prácticas abusivas y concentración. También ocurre con la producción de insumos difundidos como el hierro/acero, cemento y aluminio y en una serie de servicios básicos, como la telefonía celular o la medicina prepaga.

Producción. Si nos acotamos a la producción de alimentos, en Argentina existen 333.477 explotaciones agropecuarias, de las cuales el 66 por ciento son de pequeños productores que se dedican fundamentalmente a la agricultura y cría de animales. Pero al llegar a la mesa de los argentinos este universo de actores se reduce drásticamente. Los distintos productos deben atravesar etapas de procesamiento, envasado, distribución y venta final, donde cada una de ellas se encuentra controlada por un puñado de actores concentrados, que no sólo tienen la capacidad de determinar los precios de cada eslabonamiento (sin que ninguna autoridad intervenga –o cuanto menos pueda conocer con certeza la rentabilidad de cada actor de la cadena–), sino que además también deciden a quién y en qué condiciones comprar. En términos de teoría económica, no sólo estamos frente a conocidos oligopolios en la producción, distribución y comercialización, sino que también se producen oligopsonios. Se trata de la existencia de muchos oferentes y pocos compradores, que a nivel productivo se traducen en productores no concentrados que son proveedores de grandes empresas que, al ser pocas, ejercen una relación desigual en la negociación de precio, formas de pago y en los volúmenes de producción.

Es decir, no sólo el productor carece de la capacidad de negociar una mejor tajada por su trabajo, sino que tampoco tiene los mecanismos para incrementar su escala, invertir más, y asegurarse una mayor venta. Es el pez gordo el que condena a miles de productores a la venta a granel y en pequeña escala. La posterior venta en las cadenas de supermercado oligopolizadas cierra el círculo de la concentración.

En el mercado alimentario persiste una alta concentración en los principales rubros. En el caso de la cerveza, el 82 por ciento de su producción es controlada por dos empresas (Quilmes y Brahma); en yerba mate el 50 por ciento depende de Las Marías, Hreñuk SA, Molinos Río de la Plata y La Cachuera; el 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor; el 80 por ciento del aceite comestible es acaparado por Molinos Río de la Plata y AGD de Urquía; el 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma –del empresario procesado por delitos de lesa humanidad, Blaquier–; el 78 por ciento de las galletitas es producido por Danone, Kraft Foods y Arcor; el 90 por ciento del pan lactal es producido por Fargo y Bimbo, y el 66 por ciento de la Leche Fluida es controlada por Sancor y La Serenísima.

Comercialización. Bastante alejada de los postulados de las teorías liberales, la comercialización (para la ortodoxia supuestamente ordenada por una “mano invisible” que fija precios y cantidades por el equilibrio automático de las curvas de oferta y demanda), se encuentra atravesada por estrategias de mark up, así como por barreras a la entrada y salida de los mercados, para el perjuicio de los productores más débiles.

En lo que refiere a las ventas de los supermercados, según datos para el año 2011, el Grupo Inc. SA (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), con 600 bocas de expendio en todo el país, registró una facturación anual aproximada de 16.000 millones de pesos. Le sigue Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas y una facturación de 9700 millones de pesos. COTO Cicsa, con 113 bocas facturó 5400 millones. Walmart Argentina (Walmart, Changomás y Changomás Express), con 61 bocas de expendio, facturó 4000 millones. Finalmente, el Grupo SA Importadora y Exportadora de la Patagonia (donde se encuentran La Anónima, Quijote y Best), con 112 puntos de venta, también rondó los 4000 millones de facturación anual.

Un buen ejemplo. Mucho se ha avanzado en la protección al consumidor y en la regulación de la determinación de los precios a través del Programa Precios Cuidados. El éxito del programa –con crecientes empresas preocupadas porque sus productos quedan afuera– incluso se ha plasmado en una migración de ventas desde los comercios de proximidad hacia las grandes cadenas, firmantes del acuerdo. Equiparar esta situación es en este sentido uno de los objetivos de la reciente Red Comprar, a través de la inclusión del comercio minorista.

Adicionalmente, avanzar en mayores protecciones hacia el consumidor final, a través de facultades estatales más precisas y legitimadas (que vale decir ya integraban la Ley de Abastecimiento para 1974, modificada en el marco del cuestionado paquete de Reforma del Estado), es una necesidad indiscutible de estos años, marcados por un puñado de manos invisibilizadas que acumularon a costa de la remarcación de precios.

Lo cierto es que las importantes políticas de asignaciones, pensiones, subsidios a emprendimientos y otras políticas de redistribución del ingreso mejoraron notablemente las posibilidades de consumo de los sectores populares, pero se terminan traduciendo en transferencias hacia el capital concentrado, fomentando el consumo en grandes cadenas de supermercados, cuyas góndolas están repletas de productos de unas pocas grandes productoras.

La resistencia a cualquier tipo de regulación de estas relaciones marcadamente desiguales (entre productores y mayoristas-distribuidores, y entre supermercados y consumidores) confirma que efectivamente éste es un nudo de la acumulación económica. La amenaza con el fin de la inversión es la frase más escuchada. El rechazo en bloque al accionar del Estado –no a cualquiera, sino a su objetivo distributivo– expresa una situación asimétrica que difícilmente están dispuestos a negociar.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014 ENTREVISTA › EDUARDO WETZEL INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DEPORTIVOS “Queremos sustituir todo”

 Por Federico Kucher

“No bajamos los brazos y queremos sustituir todos los productos deportivos que se venden en el país. Incluso, los de mayor tecnología”, dijo Eduardo Wetzel, titular de la firma de productos deportivos Winners, en diálogo con Cash. La empresa es la representante en el país de todos los artículos que se comercializan de las marcas internacionales Salomon, dedicada al turismo aventura, y Wilson, especializada en tenis.

¿Cuándo empezaron con el proyecto?

–En 2001, a pérdida. Con la crisis, los productos eran invendibles a nivel local. Por caso, una raqueta era dos sueldos de un asalariado. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que hoy representa menos de la tercera parte del salario promedio. En estos últimos años, el aumento de las ventas fue muy importante, al punto que ahora nos manejamos con un volumen de demanda que no alcanzamos a cubrir en su totalidad. Abrimos siete locales en el área metropolitana y otros siete puntos de ventas en el interior del país. Además, incrementamos el personal a 150.

Los productos que comercializan ¿son importados?

–Al principio traíamos toda la mercadería del exterior. Pero poco a poco conseguimos distintos proveedores nacionales aprobados por las marcas que representamos para abastecer al mercado interno. La totalidad de indumentaria y productos deportivos que distribuimos de Wilson se hacen en el país, con la excepción de las raquetas, las cuerdas y las pelotitas de tenis, que son artículos de alta tecnología y requieren de procesos productivos de mucha especialización. La sustitución de importaciones de ropa deportiva (remeras, camperas y pantalones), medias, calzado, paletas de paddle, muñequeras, entre otros, fue el resultado de más de doce años de trabajo. En el caso de Salomon, comenzamos la representación en 2007 y estamos avanzando en la misma dirección para reemplazar productos importados por nacionales. El caso del calzado de esta marca es el más claro. El año que viene planeamos hacer 200 mil unidades en el país, contra 30 mil de 2014. Empezamos vendiendo 100 mil pares y ahora estamos en las 400 mil unidades. El objetivo es alcanzar el millón para 2017, con una fabricación local del 50 por ciento.

¿La política económica potenció este proceso de sustitución?

–Hay un sistema antidumping que ha dado buenos resultados, el cual se reglamentó en los últimos años durante la gestión de la ministra de Industria, Débora Giorgi. El producto importado que se fabrica en el país recibe los aranceles más elevados para ofrecerle protección comercial al establecimiento nacional. A su vez, se posibilita el ingreso de productos premium (mayor tecnología) para que no haya vía libre de los productores argentinos para poner cualquier precio. La característica de este sistema es que los fabricantes no se pueden pasar con el precio del bien básico porque el valor del premium funciona como límite. Otro de los programas importantes es el Sepyme, que les posibilita a nuestros proveedores textiles conseguir préstamos blandos para comprar nuevas máquinas para ampliar la capacidad instalada. La fábrica Saturnino Cabezón es un caso bien concreto. No hace mucho tiempo la mencionó la Presidenta, destacando que un establecimiento local produce para marcas de primer nivel internacional como Wilson. Por cierto, la sustitución no es sencilla. Vamos a intentar hacer en el país toda la mercadería que nos sea posible.

¿Cuál es la relación con las marcas internacionales que representan?

–Nuestro vínculo financiero con Wilson y Salomon se termina cuando les pagamos los costos de representación. Somos una de las pocas empresas en el mercado del deporte que funciona bajo este esquema. No somos una subsidiaria. Esto implica que a fin de año no tenemos que girar las utilidades a la casa matriz de las marcas, sino que las ganancias se quedan en el país. Además, Winners ya no sólo comercializa artículos en el mercado local. Se convirtió en una multinacional de productos deportivos con base en Argentina. Hacemos distribución para estas marcas en Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, en donde tenemos oficinas propias en San Pablo. Exportamos mercadería fabricada en el país hacia la región. Un punto relevante es que las ganancias que obtenemos en esos mercados se repatrian como divisas a la economía local

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LA HISTORIA DE TANDANOR Del desguace a la recuperación

Por Javier Lewkowicz

La privatización de Tandanor, el taller de reparaciones más importante de la región, fue uno de los escándalos más groseros del menemismo. La empresa se entregó a una firma de negocios inmobiliarios que nunca pagó su deuda al Estado y que aplicó una política de vaciamiento. Los trabajadores sostuvieron la planta abierta hasta que en 2007 fue reestatizada. En tanto, el astillero Almirante Storni, que está al lado de Tandanor, único centro de reparación de submarinos del Cono Sur, fue cerrado en 1992. En la actualidad, ambas empresas forman el complejo Cinar, que depende del Ministerio de Defensa. Cash dialogó con Jorge Moreno, ex director por parte de los trabajadores en Tandanor, y con Carlos Spirito y Conrado Faccini, trabajadores especializados en submarinos que retomaron su actividad en 2008, cuando dirigieron la reparación de media vida del submarino San Juan.

La privatización de Tandanor se concretó en favor de un consorcio de empresas extranjeras el 31 de diciembre de 1991. “Habían puesto siete millones de dólares para tomar posesión de la empresa, con el compromiso de depositar pagarés a diez años con tres de gracia. Pero nunca pagaron. Rápidamente vendieron la Planta 1, que era el activo principal, de 8 hectáreas en Retiro, donde querían construir torres, en una autoventa de 18 millones de dólares. Todavía estamos buscando esa plata”, dice Moreno. Cuando ese predio de Retiro no se rezonificó, el negocio se terminó y la empresa se esfumó. Por la causa están procesados varios funcionarios menemistas, entre ellos el fallecido Erman González.

En junio de 1999 se decretó la quiebra. La situación de los trabajadores fue durante varios años desesperante. “El juez nos decía que si nosotros no sosteníamos la empresa, él le ponía un candado. Llegamos a ser sólo 140 personas con 18 meses impagos. Si aparecía un barco convocábamos a los que estaban afectados por ese trabajo, pero venían otros porque no querían quedarse en la casa, no había trabajo en ningún lado”, recuerda Moreno.

En 2007, Néstor Kirchner firmó el decreto 315, que anuló todos los actos administrativos de la privatización, como si no hubieran existido, en virtud de que nunca se pagó por la empresa y de que el 98 por ciento de esa deuda estaba en manos del Estado. Tandanor hoy está de pie y en una situación relativa mejor que el resto de la industria, porque cerró convenios para fabricar vagones, maquinaria para YPF y porque en la actividad de reparación guarda desde los ’70 la ventaja tecnológica frente a sus competidores en otros países. El Gobierno, además, le encomendó la reparación del buque Almirante Irízar, que antes se llevaba al exterior para esos trabajos.

Al lado del predio de Tandanor está el astillero Almirante Storni, antes llamado Domecq García, que fue cerrado en 1992. Carlos Spirito y Conrado Faccini, dos de los poquísimos trabajadores especializados en submarinos que tiene el país, debieron por aquel entonces dedicarse a actividades que nada tenían que ver con su expertise. Para su sorpresa, fueron convocados nuevamente en 2007, cuando el Gobierno decidió hacer la reparación de media vida del submarino San Juan. “Haber recuperado esto es un logro para el país. Nosotros estamos capacitando pibes que no sabían ni soldar. Y ahora trabajan en submarinos que tienen 9 kilómetros de tuberías y 1200 válvulas adentro”, dice Faccini. “Esta empresa se puede considerar de exportación si se le da impulso. Podría generar ingreso genuino de divisas, porque ni siquiera Brasil tiene esta tecnología”, se enorgullece Spirito, quien en los ’80 coordinó la construcción de tres submarinos, máquinas que obligan a una precisión de un reactor nuclear. “Ahora tenemos el proyecto de reparar el submarino Santa Cruz, pero después no hay nada más y en pocos años todos nosotros nos vamos a jubilar, con lo que el equipo de submarinos quedaría acéfalo. Queremos transmitir esta experiencia”, pide Faccini.

› ENCUESTA EXCLUSIVA SOBRE LA HUELGA DE MOYANO Y BARRIONUEVO Para entender qué pasó con el paro

Por Raúl Kollmann

Seis de cada diez personas consideraron incorrecta la realización del paro general del jueves, impulsado por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, la CTA de Pablo Micheli y los partidos de izquierda. Una sólida mayoría piensa que la huelga fue convocada por motivos mucho más políticos que sindicales y en primer lugar para “que Hugo Moyano logre mayor presencia política” o “para desgastar al Gobierno”. No sólo eso, apenas el 23 por ciento de los consultados sostienen que no hubieran ido a trabajar de existir cierta normalidad en el transporte y no estar alterado el clima por la situación de los piquetes. Una inmensa mayoría, de casi el setenta por ciento, se manifestó dispuesta a ir al trabajo en caso de no existir obstáculos. Los porcentajes en todos los rubros exhiben menos apoyos a los dirigentes gremiales y al paro que los que se registraron en el anterior movimiento de fuerza, en abril, algo que percibieron los propios líderes del movimiento.

Las conclusiones surgen de una vasta encuesta realizada, en forma exclusiva para Página/12, por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. El sondeo se hizo en la tarde del paro y en la mañana del viernes para que estuvieran frescas las reacciones frente a la huelga. En total se entrevistaron 521 personas de Capital Federal y los distritos del conurbano bonaerense, una muestra representativa de sectores socioeconómicos bajos, medios y altos. En la encuesta se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.

Gremialistas cuestionados

“La encuesta muestra que la legitimidad del sector gremial que impulsó el paro no está pasando por su mejor momento –señaló Bacman–. Para la opinión pública estuvo claro que la medida de fuerza estuvo matizada por cuestiones políticas que empañaron los reclamos puramente gremiales. Y en ese punto llama la atención que ni siquiera entre los sectores bajos y medios es mayoría la postura de que el paro fue justo, precisamente la franja a la que dicen representar estos gremialistas.”

Los números indican en forma clara que, para los encuestados, este paro fue considerado más incorrecto e injustificado que el de abril. Página/12 publicó en ese momento la encuesta realizada por el CEOP. En abril, el 50 por ciento consideraba la huelga incorrecta, mientras que ahora subió al 58 por ciento, en tanto que los que veían el paro justificado pasaron del 40 por ciento en abril al 34 por ciento actual. “Por supuesto que uno de los elementos que juega es la situación del país –agrega Bacman–. El ciudadano común percibe que el cuadro no es sencillo, con el conflicto con los fondos buitre como escenario, las dificultades económicas y la repercusión mediática que tienen, por ejemplo, las suspensiones en la industria automotriz. O sea que, en ese marco, y con la percepción de que hay mucha intencionalidad política, una clara mayoría consideró el paro injustificado.”

Razones

Debe tenerse en cuenta que cuando se pregunta si la convocatoria a la huelga fue correcta o incorrecta, se están poniendo sobre el tapete las razones del paro. Y en ese terreno, hasta los dirigentes de la CGT más allegada al Gobierno han dicho que no están en desacuerdo con las razones como, por ejemplo, la necesidad de aumentar los mínimos en el Impuesto a las Ganancias, la inflación o la reapertura de paritarias. Es decir que ni frente a esa pregunta, los convocantes de la huelga consiguen una mayoría de opiniones favorables: “El 54 por ciento dice que ya no existen motivos válidos para llevar a cabo una medida de fuerza de tal magnitud. Aquí se ve que el paro tenía poca sustentación. Si a eso se agrega que las opiniones fueron parejas en los sectores bajos, medios y altos, se percibe que los gremialistas ni siquiera se hicieron fuertes con sus argumentos en las franjas bajas y medias que son las que, supuestamente, ellos representan”, concluye Bacman.

Una lectura detallada de las opiniones de los encuestados demuestra que son tres los factores que se asociaron para explicar por qué el paro estuvo dividido y no tuvo ni siquiera una adhesión del nivel de abril:

- La percepción de que el paro tenía motivaciones políticas.

- La baja legitimidad que presenta hoy ese sector del sindicalismo.

- El contexto económico-político en el cual un paro así no tiene consenso.

Política

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre las motivaciones reales del paro, más de la mitad se refirió a razones políticas y lo que llama la atención es la primera de esas razones: que Moyano logre mayor presencia política. En el segundo puesto de estas razones se encuentra la búsqueda de un desgaste del Gobierno. O sea que las razones políticas tienen clara preminencia sobre las razones gremiales. La única de estas últimas que tuvo un cierto peso, la reducción en el Impuesto a las Ganancias, reunió el 21 por ciento de las opiniones.

Casi la mitad de los entrevistados –una proporción más alta que la de abril– percibe que hubo algún dirigente político que ha incentivado este paro. Y, en comparación con la encuesta de hace cuatro meses, los consultados sitúan a Sergio Massa como protagonista político del paro. “Yo supongo que esto tiene que ver con que saben que es peronista –dice Bacman– y se cree que este tipo de internas tiene que ver con el peronismo. Además, Mauricio Macri habló muy poco del paro y en cambio Moyano elogió a Massa, su hijo Facundo se pasó al massismo. Yo diría que es más Moyano el que involucró a Massa que lo que hizo Massa mismo. Por supuesto que también influye el clima electoral que poco a poco se va instalando. En agosto del año próximo, en menos de un año, serán las PASO.”

Hipótesis

El cuestionario del CEOP incluyó una pregunta predictiva, hipotética, partiendo de la idea de plantear a los entrevistados qué haría en una situación normal, o sea con el paro convocado, pero con el transporte funcionando normalmente –trenes y subtes se vieron afectados–, sin piquetes y sin el clima de cierto miedo que se instaló desde el día anterior sosteniendo que iba a ser imposible transitar y que existían peligros de situaciones de violencia. En este cuadro hipotético, sólo el 23 por ciento se hubiera adherido al paro, mientras que el 68 por ciento, siete de cada diez personas, afirmaron que hubieran ido a trabajar.

Y en este aspecto, hay pocas distinciones. Los sectores de menores recursos, la clase media y los de altos ingresos dijeron que irían a trabajar en la misma proporción, aproximadamente siete de cada diez. Lo que llama la atención es la distribución por edad: los jóvenes irían a trabajar en un 80 por ciento, es decir son los menos propensos a aceptar los argumentos de los dirigentes gremiales.

La encuesta del CEOP refleja lo que se vio en la jornada misma del paro: una repercusión disímil, inferior en convocatoria al movimiento de abril. Esto se notó incluso en el poco triunfalismo de Moyano y Barrionuevo en las conferencias de prensa que concretaron ese día. La lógica del sondeo indica que, en la medida que se va acercando el proceso electoral, el ciudadano común percibirá más motivaciones políticas y, en cierto sentido, menos razones para utilizar los paros en ese terreno, cuando la cuestión está cerca de dirimirse en las urnas.

raulkollmann@hotmail.com

¿Usted piensa que existen motivos válidos para efectuar un paro general?

Teniendo en cuenta la situación actual del país, le parece correcto realizar un paro general en este momento?

Si pudiera llegar a su trabajo de manera normal, ¿iría a trabajar o adheriría al paro?

¿Para usted este paro posee motivaciones gremiales o intereses políticos?

Para usted, ¿algún dirigente político está incentivando este paro?

LOS ANTECEDENTES JURIDICOS E HISTORICOS DE LA LEY DE ABASTECIMIENTO Con toda una historia detrás

 Por Sergio Wischñevsky

“Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente en favor del fuerte. La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso.”
Raúl Scalabrini Ortiz, 1946

Aun en el sobrecargado escenario de la política argentina, no deja de ser sorprendente la reacción que generó la iniciativa del gobierno nacional al enviar al Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Abastecimiento. La reacción empresaria es en cierta forma lógica, dado que se pretende aplicar la ley para frenar los abusos que de mil maneras se cometen contra la gente de a pie. Pero un surtido espectro de políticos y analistas dio un paso más allá de lo habitual y no sólo se opusieron, sino que plantearon el debate desde una perspectiva inusualmente ideologizada, bregaron por la no intromisión del Estado en la economía y azuzaron viejos fantasmas en desuso. La sorpresa mayor la dio el socialista Hermes Binner: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado porque es la que en definitiva sigue la historia, sigue desde hace décadas y sigue siempre presente”. La palabra “todavía” en esa frase es antológica.

Inesperadamente se nos coló en el debate nacional la vieja pregunta acerca de si el Estado debe o no intervenir en el mercado. Añeja discusión en la que los partidos populares argentinos tienen una trayectoria.

El artículo 42 de la Constitución Nacional establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos...”.

Por eso asombra que el constitucionalista Daniel Sabsay haya declarado que el proyecto será “rápidamente despedazado en los tribunales”, como ocurrió, dijo, con “la reforma judicial”. “Se le otorga a la Secretaría de Comercio un poder judicial sustantivo sin garantía del debido proceso. Esto nos retrotrae a la época de las cavernas”, añadió con tono dramático. Pero en la época de las cavernas no había Estado y el fuerte se imponía libremente sobre el débil. El primer antecedente que se conoce de regulación es el Código de Hammurabi del año 1760 a.C.

Un viejo antecedente de regulación del mercado en la Argentina sucedió durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia 11.157. Entre las medidas adoptadas, se decidió congelar el precio de los alquileres por el plazo de dos años. La situación era dramática, familias enteras quedaban en la calle ante la imposibilidad de pagar sus rentas. En 1907 ese tema se había convertido en una cuestión apremiante durante la huelga de inquilinos que por tres meses convulsionó Buenos Aires, como narra el historiador Juan Suriano. El movimiento contó con el apoyo del anarquismo y del Partido Socialista, que en aquel entonces no creía en la mano invisible por que la veía. Por lo tanto, la medida del gobierno radical en 1920 buscaba atemperar y proteger las condiciones de vida de los más humildes. Por supuesto, los políticos conservadores y la gran prensa se opusieron con furia. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que en 1922 confirmó la constitucionalidad de dicha ley. Es muy interesante, sin embargo, conocer el voto en disidencia del entonces presidente de la Corte Antonio Bermejo, quien durante mucho tiempo ostentó el record de permanencia con 26 años y cuatro meses, atravesando siete presidencias hasta su fallecimiento en 1929. Bermejo argumentó su voto en disidencia con claridad meridiana: “Finalmente no sería aventurado prever que si se reconoce la facultad de los poderes públicos para fijar el alquiler, habría que reconocerles la de fijar el precio del trabajo y el de todas las cosas que son objeto de comercio entre los hombres, o, como lo expresaba esta Corte Suprema de Justicia en 1903: la vida económica de la Nación, con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en mano de legislaturas o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales, hasta caer en un socialismo de Estado en que los gobiernos serían regentes de la industria y el comercio y los árbitros del capital y de la industria privada”.

En la etapa que se abre a partir de los años ’40 con la llegada del peronismo al poder, el gobierno implementó una política guiada por tres objetivos básicos: redistribución de ingresos, expansión del empleo y aumento del involucramiento del Estado en la producción nacional. Nada de esto se libró al gracioso juego de la oferta y la demanda. Es curioso que jamás haya ocurrido que la mano invisible les suba los salarios a los trabajadores.

El 12 de febrero de 1964, bajo la presidencia de Arturo Umberto Illia, se promulgó la Ley Nacional 16.454 Ley Nacional de Abastecimiento, reglamentada por el decreto 987/64. Dicha ley declaró como objetivo “promover el normal abastecimiento y distribución en condiciones de calidad y precio razonable de todos los bienes y servicios económicos que afectan las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y crecimiento efectivo de la producción”. Para esto se vale de varias herramientas, entre ellas: la creación una red nacional de mercados centrales; penas con prisión de tres a diez años para quien provoque una “elevación artificiosa de los precios o escasez de mercadería”; y faculta al Poder Ejecutivo para disponer allanamientos de locales o establecimientos comerciales e industriales sin orden de un juez.

La dureza que el gobierno radical le imprimió a esta ley se corresponde con la situación política de inestabilidad que las especulaciones del mercado le estaban infrigiendo, la actual propuesta de ley que se debatirá en el Congreso, y que la UCR anticipó que no apoyará, comparada con la de Illia es de una suavidad conmovedora.

La Ley 20.680 de Agio y Abastecimiento fue sancionada en 1974, a pocos días de la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón. Se trató de una norma que autorizó la regulación total de cualquier actividad económica, en todas sus etapas, para asegurar el abastecimiento de los productos o la prestación de los servicios. En ese momento la especulación de los grandes y pequeños comerciantes consistió en producir artificiales faltantes de productos para originar un mercado negro con precios mucho más elevados. Uno de los más simbólicos fue la falta de azúcar. Tiempos amargos.

Por supuesto, no han faltado los que mencionan a los países serios que no hacen estas cosas, pero en Europa se discute lo mismo “entre el fuerte y el débil, la ley es la que protege y la libertad es la que oprime”. La frase acompañó la campaña del líder del Frente de Izquierda francés, Jean-Luc Mélenchon.

Todos hemos visto a la mano invisible metiéndose en nuestros bolsillos. Así lo ha expresado el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Es que, de existir una supuesta “mano invisible” en el mercado, a veces lleva a cabo maniobras que “bordean los tipos penales” y que incluso “por la magnitud del daño social que producen” son criminales.

MEDIO ORIENTE La tregua no detiene la colonización

"Este es un mensaje para los palestinos de que Israel negocia con (el movimiento islamista) Hamas y al mismo tiempo destruye las opciones para lograr un verdadero acuerdo con los moderados", denunció el director de la organización israelí Paz Ahora, Yariv Oppenheimer.

Según explicó el diario local Ynet, la medida se tomó luego que el Ejército israelí, que funciona como autoridad ocupante en Cisjordania, determinara que no existen reclamos palestinos para esos cuatro kilométros cuadrados de territorio, ubicados entre las ciudad de Belén y Hebron, dentro de lo que la ONU y la mayoría de los países del mundo reconocen como parte del futuro Estado palestino.

Las leyes israelíes indican que Tel Aviv debe esperar 45 días para permitir posibles reclamos antes de asumir formalmente el control de esas tierras. Pero lo cierto es que esas tierras ocupadas hace tiempo que están en manos israelíes. Los cuatro kilómetros cuadrados son parte de un asentamiento no reconocido por Tel Aviv pero, como suele suceder con el avance de la ocupación en Cisjordania, rápidamente fue aceptado de hecho y se convirtió en un suburbio de una de las colonias ya establecidas.

Según Oppenheimer, Tel Aviv no había anunciado una apropiación de tierras ocupadas tan importante desde los años 80, lo que significa "una puñalada en la espalda de (presidente palestino, Mahmud) Abbas".

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DE PARADOS A ACOSTADOS Pignanelli: "No fue un paro contundente"

"En 2015 el candidato puede ser Daniel Scioli, Julián Domínguez o Sergio Urribarri, pero lo importante es que atrás de ese candidato vaya todo el peronismo, y ese candidato debe garantizar la continuidad de este modelo", remarcó el titular de Smata en diálogo con FM Nacional Rock.

Pignanelli subrayó que los referentes sindicales deberían reunirse con "todos los candidatos diciéndoles '¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo mantengo el seis por ciento de desocupación nada más? ¿Cómo sigue?'". Incluso, el titular de Smata consideró reunirse con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri: "También quiero saber qué opina ¿cómo sale Macri de esta?", afirmó.

En ese sentido, el gremialista criticó el paro del jueves porque fue convocado por una parcialidad del movimiento obrero y no contó con una "unidad de concepción", que sucede "cuando tenés claro el objetivo, perseguís ese objetivo y obtenés la unidad hasta alcanzarlo".

Además, el mecánico volvió a criticar al Partido Obrero, al que acusó por los despidos en la automotriz Lear, y diferenció a los líderes de la CGT opositora y la militancia de izquierda: "El del Partido Obrero y el de la CGT son dos proyectos completamente distintos".

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