lunes, 29 de febrero de 2016

› OPINION A los buitres rogando...

Por Eduardo Aliverti
La semana anterior se había presentado como el debut público de las grandes dificultades que esperaban al macrismo, en su pretensión de ofrecerse como una derecha de paz y amor capaz de gobernar con esa misma lógica de campaña. En la que pasó, quedaron confirmados los embrollos que el propio oficialismo se infligió por obra, al fin y al cabo, de seguir entendiendo que un país puede manejarse como una empresa.
Los antecedentes fueron la comedia de marchas y contramarchas en el ofrecimiento salarial a los docentes y, enseguida, una modificación ligera –a no dudar que inocua, cuando sea disuelta por la inflación– en el Impuesto de Ganancias que paga apenas un diez por ciento de los trabajadores formalizados. En el primer caso, la pregunta era, es, cómo fue posible que el Gobierno cometiera la gaffe de ofertar un 40 por ciento de aumento en la paritaria testigo, provocándose no sólo un aprisionamiento respecto del sector a pocos días de iniciarse el ciclo lectivo, sino también un efecto arrastre de cara al resto de los gremios. Lo otro fue peor, en proyección política: Macri convocó a los sindicalistas amigos, y a los necesitados de caricias, para anunciarles un cambio en el mínimo no imponible que, encima de licuarse por el aumento de precios, incorpora unos 500 mil trabajadores que antes no pagaban y unos 100 mil jubilados que otro tanto. La modificación de las escalas fue trasladada al año próximo; y del ajuste automático de la base alcanzada por el impuesto, debido al proceso inflacionario, Macri ni siquiera dijo una palabra. Vale detenerse ahí por un momento, ya que estamos, sin caer en chicanas. Se reclamó a voz en cuello conferencias de prensa del Presidente (dio una recién el sábado, en Roma, tras el gélido encuentro con Bergoglio) y ocurre que las anuncian como tales para que luego no conteste preguntas. Es Marcos Peña quien suele salvar las papas, como le endilgaban a Jorge Capitanich para denostarlo. Pero volviendo y para ejemplificar, las cosas terminaron, entre otras, con el ¿ya ex? aliado macrista Hugo Moyano afirmando que Mauricio es como Menem porque, si en campaña hubiera dicho lo que haría, no lo votaba nadie. En verdad, la afirmación del camionero se refirió genéricamente al acuerdo con los buitres, al despido de miles de trabajadores estatales –mucho más por sospecha y persecución ideológica que debido a “ñoquismo” constatado– y a la creciente perspicacia de que Macri gobierna en exclusiva para los amigos acomodados de su entorno. En esto no interesa valorar la estabilidad moral de Moyano, o de los burócratas sindicales que tienen cuentas pendientes con las formas del kirchnerismo en general y de Cristina en particular. Tampoco si acaso es correcto decir que el macrismo no avisó. Cuenta la impericia del Gobierno para mantener algunas de las alianzas o conveniencias que lo llevaron al poder explícitamente ejercido. Quizá más lo segundo que lo primero, aunque el despecho de los radicales por el ninguneo que sufren anuncia etapas tórridas.
Los globos y la venta de humo empiezan a terminarse, como podía esperar cualquier ciudadano de a pie con político sentido común. Eso no significa necesariamente que algo, o mucho, acabe por ir muy mal. Es sólo constatar el cierre de un período lunamielero. Tienen todavía de qué asirse porque el peronismo sigue partido en unos pedazos que el congreso pejotista pudo barrer debajo de la alfombra, y porque la franja K –a más de que Cristina no aparece– no sale de su catarsis. Se agrega el aún invalorable aporte de los medios de comunicación adictos, ahora dedicados a reconstruir la hipótesis del homicidio en el caso Nisman, junto con la indescriptible citación a indagatoria de la ex presidenta y, cada vez más reforzado, propagar con datos nimios la idea de que el kirchnerismo no fue ninguna otra cosa, absolutamente ninguna, que un antro de corrupción generalizado. Esa táctica, también asimilable al diseño ecuatoriano de la campaña, aún da sus frutos entre la porción al extremo gorila de los votantes de Macri. Pero comienza a tener hendijas entre quienes se volcaron a él con ese imaginario de que no habría un ajuste salvaje, lo cual es reivindicado por los “heteredoxos” del macrismo porque hablan de que el Gobierno es “gradualista” y no propenso al shock neoliberal clásico. Vaya. Echan empleados públicos a lo pavote y anuncian que la lista seguirá. Ofertan a los usureros internacionales –ya holdouts y no buitres, según la nomenclatura mediática– un arreglo que hipoteca al país a mediano y hasta largo plazo, a estilos como los del Plan Brady de los 90 y el megacanje de Domingo Cavallo. Transfieren ingresos despampanantes a favor de los sectores exportadores y más concentrados, por vía de una devaluación a la que sumaron eliminar retenciones. Y la única receta conocida para amortiguar la escalada de precios es la recesión, con una amenazante ola de despidos que involucra al sector privado como disciplinador social frente a las paritarias. Pero eso no es shock sino gradualismo, dicen. El problema es que, lo vendan como lo vendan y a poco más de dos meses de asumir, el Gobierno ya sufrió su primer paro y movilización por parte de gremios del Estado que, es cierto, representan a un sector con pésima prensa (lo cual no perjudicó una notable convocatoria a Plaza de Mayo, mientras tanto colega prefirió centrarse en por qué no se aplicó el protocolo represivo). Sin embargo, detrás vendrán otros gremios con capacidad de conflictuar masivamente. Los de maestros y profesores acaban de certificarlo, obligando al Gobierno a retroceder sobre sus propios pasos, y el fallido movimiento oficial sobre el mínimo no imponible dejó heridas en la alianza parlamentaria con Massa & Cía. Es así que hay ese clima de improvisación permanente, con voceros múltiples y descordinados que confunden comodidad de campaña, cuando todo es gratis, con el barro de gobernar. El acuerdo leonino con los buitres es paradigma mayor: bonos por unos 15 mil millones de dólares para pagarles, según anunció el ministro Prat-Gay, tejiendo y rogando al Congreso que apruebe la derogación de las leyes que lo impiden y esperando que, ergo, lluevan inversiones desde el exterior justo cuando el mundo financiero internacional viene más seco que líquido. De nuevo, ese desafío de la derecha gobernante para demostrar que está constituida por gente apta y no, únicamente, por tributarios de una campaña electiva armada con enorme eficiencia comunicacional. Y que se agregó o antepuso a los errores –algunos grandes, muy grandes– del armado kirchnerista.
Luis Bruschtein recordó en este diario el llamado “teorema de Baglini” (por Raúl, ex diputado y senador radical, tipo de oratoria estupenda). Como escribió el colega, el cinismo pragmático de ese teorema consistía –consiste– en que la dimensión de las promesas es directamente proporcional a la distancia del poder de quien las formula. A primera vista, la aplicación de la tesis le cabe, sobre todo, a esa izquierda radicalizada que, como nunca se plantea la construcción de poder, se basta con despachar extremos realizativos impracticables, testimoniales. Empero, a la derecha le pasa algo similar y el macrismo lo manifiesta. Aquel mundo de paz y amor prometido en campaña se topa ahora con los límites de una realidad que para mejor o peor es argentina, convulsa, dinámica, peronista, gorila, magníficamente desafiante y sombría a la vez.
En el último número de la revista Acción hay una muy buena entrevista de Werner Pertot a Gabriel Vommaro y Sergio Morresi, autores junto a Alejandro Bellotti de ese libro necesario, hasta imprescindible, que es Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Por fuera –o a propósito– de cómo se construyó esta fuerza gobernante con “un proyecto (...) refundador que tiene que ver con transformar una sociedad pesada y estatalista en otra flexible, de emprendedores, con un Estado socio del mundo privado” (Vommaro), Morresi se pregunta cómo hará el PRO para gestionar en condiciones no favorables. Buena parte de la gestión porteña (Buenos Aires como Disneylandia) “se pudo hacer porque es una ciudad rica. En la política nacional no sé hasta qué punto funciona la lógica del CEO, porque algún sector de la sociedad tendrá que resignar parte de sus salarios o ganancias (...) No sé cómo el PRO lidiará con el no éxito de su gestión”. Y Vommaro antecede el interrogante de qué pasará con el PRO culturalmente, “porque el peronismo fue un gran productor cultural (Tecnópolis, el Bicentenario, tantos etcéteras) y construyó símbolos, que se vieron luego en (su) militancia de base y (justamente) cultural. ¿Cómo va a lidiar el macrismo con eso”. Adecuada pregunta. Aquello de cómo harán Macri o el macrismo para convertirse en remera; en símbolo de transformación si se quiere romántica, pero convocante al fin; en una fuerza movilizadora que trascienda a señoras y señores de la plática peluda, que gracias si salen a la calle cuando algún hecho puntual conmocionante es alentado por los medios que los representan. Sin ir más lejos, este martes, Macri dará su discurso ante la Asamblea Legislativa y la esperanza declamada por esos medios es que blanquee la “herencia recibida”, verbigracia por el déficit fiscal. No hay tal cosa. Como supo admitirlo el propio Prat-Gay, recibieron el país en condiciones más favorables que todo antecesor en democracia. Así lo dijo. El endeudamiento en dólares es bajísimo y los compromisos de pago son intraestatales. ¿Qué podría blanquear Macri mañana, ante la Asamblea Legislativa? ¿Que el déficit fiscal es un invento para justificar su ajuste? ¿Que todo se reduce a la grasa militante incorporada por los K a las arcas públicas?
Se viene contrarrestar la atmósfera pesada de lo económico promoviendo un desfile judicial de Cristina, quizá con la declaración de Antonio Stiuso como bonus track. Junto a eso, la apuesta tal vez única de que pagarles a los buitres traiga un verano de inversiones o endeudamiento fácil. Más rezar para que el peronismo siga fragmentado y el kirchnerismo se restablezca, porque la derecha lo necesita: no hay ningún gobierno capaz de subsistir sin tener enfrente un demonio real o inventado.
Por supuesto, de esto último puede surgir que la maniobra salga bien o que el Gobierno se dispare a los pies.

PESE AL ACUERDO EN LA PARITARIA NACIONAL, HABRA PAROS DOCENTES EN VARIOS DISTRITOS Las aulas vacías en ocho provincias

Pese a que hubo acuerdo en la paritaria nacional y a que las clases comenzarán normalmente en la provincia con mayor cantidad de escuelas, la de Buenos Aires, así como también en la Capital Federal, las escuelas de siete provincias no iniciarán hoy el ciclo lectivo. Los distritos afectados por paros son Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Santa Cruz. También anticiparon que harán paro los docentes de Tierra del Fuego, donde el inicio de las clases estaba fijado para el miércoles. Los gremios en conflicto se quejaron por la demora en convocarlos a la negociación.
La dilación del gobierno nacional en firmar el acta con la propuesta para el salario inicial docente –que es tomado como testigo en las paritarias provinciales– es señalada como uno de los motivos que explican la no resolución en parte de las negociaciones en el interior del país.
Alejando Demichelis, secretario de prensa de la Ctera, indicó al respecto que “aunque a partir del cierre de la paritaria nacional hubo provincias que quisieron convocar a los gremios para mejorar la oferta, faltó tiempo, porque las direcciones tienen que llevar las propuestas a consulta de las bases, y eso no se hace en un día”. A la vez, en varias gobernaciones las propuestas salariales se mantuvieron en niveles bajos.
Este es el cuadro de situación, distrito por distrito:
- Córdoba: La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) y el Sadop realizará hoy un paro con movilización tras considerar insuficiente la oferta salarial del gobierno (32,7 por ciento). El titular de la UEPC, Juan Monserrat, señaló que la dirección del gremio no va a tomar “ninguna decisión que no sea discutida con los compañeros de las escuelas”. En este sentido, mostró que hay voluntad para sentarse a discutir, pero que no es posible levantar el paro porque cualquier nueva propuesta debe ser evaluada por los docentes.
- Santa Fe: Los maestros estatales y privados paran hoy y mañana. La gobernación mantuvo en la última reunión una oferta del 30,1 por ciento de aumento en dos tramos, mientras que los docentes reclaman una mejora de entre el 35 y el 40 por ciento. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, criticó a los sindicatos pero anticipó: “Luego de los paros nos volveremos a juntar para dialogar”.
- Entre Ríos: El gremio docente Agmer ratificó el paro por 24 horas de hoy, aunque dejó en suspenso las restantes 48 horas votadas por el último congreso de la organización. También se plegaron a la huelga los técnicos de AMET y los docentes privados. La gobernación presentó un oferta del 37 por ciento de recomposición salarial en dos tramos, que fue rechazada por “incrementar en un 200 por ciento los montos en negro”, según señalaron desde Agmer.
- Santa Cruz: Hay paro de 48 horas. La gobernación convocó a continuar la paritaria el miércoles.
- Neuquén: Comienza un paro de 48 horas, convocado por ATEN, en rechazo a una propuesta del 29 por ciento anual en cuotas.
- Mendoza: Tampoco comienzan las clases, en rechazo a una oferta del 22,6 por ciento y al ítem “aula”, denunciado como discriminatorio por los gremios. El ítem agrega un 10 por ciento de aumento, pero sólo para aquellos que estén al frente del aula. Los dirigentes plantean que ya existe un concepto por presentismo. El ítem “aula” también fue denunciado por las confederaciones docentes con representación nacional.
- Chubut: Los maestros ratificaron el paro de 24 horas pese al dictado de la conciliación obligatoria. La última oferta salarial fue del 24,6 por ciento en tres tramos. El gremio reclama un 40 por ciento.
- Tierra del Fuego: También hay un escenario de conflicto en la provincia más austral, donde el inicio de las clases fue fijada para el miércoles 2, día para el que está previsto un paro.
De esta manera, no habrá un inicio de clases a término en un tercio del país.
Las paritarias provinciales tampoco fueron todavía cerradas en La Pampa y La Rioja, donde los docentes no llamaron por ahora a medidas de fuerza. En La Pampa, las negociaciones continuarán hoy, a la espera de una oferta superadora al 28 por ciento propuesto por la gobernación en el último encuentro con los sindicatos. También los tres gremios docentes de San Juan comenzarán el ciclo lectivo aún cuando no han terminado de cerrar los números de su aumento salaria

ENTREVISTA A MARIA LAZZARO, DE SADOP, UNA DE LAS NEGOCIADORAS DE LA PARITARIA DOCENTE “Perforamos el cepo salarial

 Por Martín Granovsky
Maestra, docente de Sociales, Elementales y Lengua, la secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares María Lázzaro dijo que en tantos años de militancia gremial nunca vivió una paritaria como la que terminó el jueves 25, después de que el Presidente y el jefe de Gabinete desautorizaran un acuerdo y luego tuvieran que revisar su decisión. En diálogo con Página/12, la dirigente del Sadop (con 70 mil afiliados, el segundo después de Ctera) se mostró satisfecha porque “con Ctera, la AMET, la CEA y la UDA trabajamos mucho y logramos siempre propuestas de conjunto”.
–La educación tiene que tener una identidad –dijo Lázzaro–. Incluso la negociación paritaria tiene que ser distinta. Seria.
–¿Qué hicieron los sindicatos?
–Estuvimos tres meses haciendo propuestas y hasta elaboramos ecuaciones para discutir con rigor. No queríamos que se frustrara. No queríamos el fracaso. Y eso que somos aquellos de los que habló el Papa.
–¿Con Macri?
–No, antes. En enero, en un mensaje al Congreso Interamericano de Educación Católica reunido en San Pablo, dijo que los docentes son “los que sufren la injusticia más grande”. Y en la Plaza San Pedro, cuando reconoció la presencia de una delegación de docentes argentinos, saludó y dijo lo mismo que en su mensaje filmado: “Los peor pagados”. Está en YouTube. Gracias a las negociaciones Macri llegó a Roma con el arreglo de las paritarias docentes encaminado a nivel nacional.
–¿Qué tuvo de especial el acuerdo con el ministro Bullrich?
–Es el puntapié inicial para poder recuperar sobre el salario docente. Es un paso más hacia el establecimiento de condiciones para mejorar la calidad educativa y para todos los docentes del país ganemos igual, porque la desigualdad y la discrecionalidad siguen siendo altas en la Argentina. Es bueno que hayamos llegado a un acuerdo sobre un salario mínimo de 7400 pesos desde febrero y de 7800 desde julio, más allá de lo que cada sindicato de base acuerde en su provincia. Está bien que se haya aumentado en 400 pesos el Fondo de Incentivo Docente, el Fonid, que dejará conformado un mínimo de 8500 pesos desde julio. Los docentes no tuvimos un bono especial en diciembre y enero para compensar el salto inflacionario y toda compensación es justa. Un punto muy importante es el número cuatro del acta firmada en el Ministerio de Trabajo. Dice que a partir de esta paritaria “el salario docente no podrá ser menor a un veinte por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil”. Agrega que “sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente, si esto ocurriere automáticamente deberá actualizarse”. El 11 de diciembre, en la primera reunión con las nuevas autoridades, analizábamos que muchos docentes no llegaban al mínimo, vital y móvil. Otro punto del acta, el sexto, refleja lo que alcanzamos después de esta larga negociación. Señala el compromiso de trabajar en la revisión de los conceptos no remunerativos ni bonificables. Este trabajo se hará bajo el compromiso de tener en cuenta la petición de los sindicatos de “garantizar que el salario básico resulte igual o superior al 60 por ciento del salario mínimo garantizado”. Otros acuerdos se refirieron a calidad educativa y política salarial. Trabajaremos con los técnicos y los cinco sindicatos nacionales aportarán ideas y propuestas.
–¿En qué áreas?
–En una comisión sobre calidad y en otra sobre salario docente. En la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de programas socioeducativos, en articulación con las provincias. En la remisión de fondos a las provincias para infraestructura escolar. Y en temas como la continuidad del Plan Nacional de Formación Permanente.
–El sector estatal está en plena discusión sobre los despidos. ¿Se planteó el tema?
–Sí. La respuesta fue que no habrá cesantes ni gente que se quede sin trabajo ante cualquier tipo de reestructuración.
–¿Los sindicatos creen en lo que firmaron?
–Lo que firmamos surgió de complejas negociaciones y es serio. Obviamente, tanto Sadop como los otros cuatro gremios queremos creer que el Gobierno cumplirá con su compromiso de trabajar. No quiero pensar que si aceptamos los términos del acuerdo haya sido solo para que comienzan las clases en la fecha indicada. Que haya clases el primer día no es poca cosa pero no agota la problemática en su conjunto. Y tengamos en cuenta que por las dilaciones del Gobierno, más allá de la actitud del ministro Bullrich, hasta hoy hay problemas en Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán. Lo dejamos establecido en el acto, donde también consta que ratificamos nuestro reclamo de que todos los trabajadores de la educación sean eximidos o exentos del pago del Impuesto a las Ganancias. Hubo gobernadores que dieron como único aumento el Fondo de Incentivo Docente. Otros que ni siquiera llamaron a los sindicatos de base. Y unos terceros con propuestas vergonzosas y porcentajes simbólicos sin tener en cuenta el deterioro del salario en los últimos meses. Las provincias que más pueden deben colaborar para salir de esta situación. Que arranquen, por favor. En las negociaciones Santa Fe siempre fue como el norte para el resto del país. Pero esta vez no. En octubre ofreció una propuesta miserable, de 28 por ciento. Confío en que los gobiernos van a intentarlo y van a evaluar el impacto de las medidas de fuerza. Confío en que rescaten el valor del diálogo.
–Usted habló de las “dilaciones” del Gobierno y de la actitud personal de Bullrich. ¿Por qué la diferencia?
–Bueno, está claro que hace dos semanas el Ministerio de Educación nos hizo una propuesta. Y no es que luego se echó atrás. Simplemente no la formalizó por escrito. Pero nunca se desdijo de lo que habló con nosotros los dirigentes sindicales. El problema fueron las opiniones diferentes entre el Ministerio de Educación y otros funcionarios.
–Es que los funcionarios no eran menores.
–No, claro. El Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Macri habló de techo. Y Marcos Peña también dijo que la paritaria nacional tiene techo. En ese momento, al menos, Macri quería que esto no saliera.
–¿Por qué?
–Porque creía que al limitar la paritaria docente le podía poner un cepo al salario en general. Pero la paritaria nacional era un piso, no un techo. No podía ser parte de un federalismo mentiroso. Ahora las provincias pueden lucirse desde ese piso y, si quieren, valorar el trabajo docente. Con esta negociación, que representa un 40,2 por ciento a julio, las organizaciones sindicales nacionales perforamos el cepo salarial. Ahora que quienes se llenan la boca con la educación pongan plata. Las aerolíneas de bandera pierden dinero en todo el mundo. Pero reciben más dinero. Todo el mundo dice que la educación es importante. Algunas declaraciones del ministro de Hacienda me recuerdan las épocas en que Educación dependía solo del Ministerio de Economía. ¿Alfonso Prat-Gay quiere eso? El viejo discurso era: “Los docentes son como empleados públicos y hacen que se nos dispare todo”. Hugo Moyano tuvo que recordarles estos días que no es lo mismo subir el 40 por ciento del salario del más pobre que subirle el 40 por ciento al salario de los camioneros. En otros países los docentes incluso tienen año sabático. La gente todavía cree que somos los vagos de la película. Pero, ¿cómo es? ¿Al alumno lo mandamos de vuelta y al maestro lo hacemos trabajar enfermo? ¿Desconocemos qué significa el doble turno en la vida de un docente? En esta realidad social es un desgaste increíble para un ser humano. Cuando no hay jardines suficientes hay que enseñar y a la vez lograr que el nene de primer grado se ate bien los cordones y sepa comer. Con el jardín hoy el docente tiene otro nene de primer grado.
–¿Cuál debería ser el básico?
–No menor que 10 mil pesos. Se soluciona buscando recursos extraordinarios que permitan la unificación del salario y la conformación de un salario bonificable que no perjudique ni la jubilación ni la obra social. De la docencia los gobiernos se acuerdan en febrero. Y seguramente lo que tiró para atrás el acuerdo al que habíamos llegado en el Ministerio de Educación fue este razonamiento: “¿Con quién nos llevamos mejor, con los docentes o con los gobernadores? Con los gobernadores. Listo, arreglemos con los gobernadores”. Después tuvieron que revisar la posición. Ojalá los gobernadores fueran capaces de solucionar el tema y hacer que el salario docente sea un salario como el de cualquier otro trabajador. Uno trabaja por vocación y corrige cientos de cosas los fines de semana sin que se lo paguen. ¿Qué quieren, que por esa vocación no cobremos sueldo? Yo siempre desconfío del que no cobra sueldo. Será que saca la plata de otro lado. Le habían puesto un corset al salario y después se dieron cuenta de que no podían quedarse con el 25 por ciento. Todo el mundo hace cálculos. No se puede impedir que alguien hable de porcentajes. La gente no es tonta. Y no es válido el argumento de si una administración recibió o no un tendal de deudas. Cuando uno conduce, el cargo es una carga. En nuestras obras sociales nos deben millones de pesos, pero cuando alguien necesita algo complejo lo tiene: no hay abandono de persona. El Estado tampoco puede hacer abandono de persona con los docentes.

› EL ECONOMISTA ALDO FERRER CUESTIONO LA PROPUESTA QUE SE LES HIZO A LOS BUITRES “Oferta mala para el país”

“A los fondos buitre se les hizo una oferta que es mala para el país. Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas”, aseguró ayer el economista Aldo Ferrer. Este profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires aseguró consideró además que el acuerdo que el gobierno del presidente Mauricio Macri negocia con los holdouts afecta la división de poderes del país, al cuestionar que el entendimiento se encuentre supeditado al fallo de un juez de Nueva York que reclama la derogación de una Ley que fue votada por el Congreso. “No es posible que un juez de Nueva York (Thomas Griesa) le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes”, denunció.
Ferrer ya había advertido a mediados de enero sobre los riesgos que implicaba la negociación con los buitres desde una posición de debilidad. “La negociación con los fondos buitre debe encararse sin miedo y desde una posición soberana, en la defensa de nuestros intereses. No se debe aceptar cualquier arreglo para retornar al mercado internacional de capitales”, sostuvo pocas horas después de que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, iniciara las negociaciones con los buitres en Nueva York. Ahora que el acuerdo está cerca, Ferrer volvió a manifestar su preocupación por una estrategia que consideró errada. “Se aceptaron todas las demandas sin negociar nada”, remarcó. No sólo cuestionó lo que se les está ofreciendo a los buitres sino también la cesión de soberanía que se acepta como parte de la negociación. El juez Griesa condicionó días atrás el levantamiento de la cautelar que le impide a Argentina pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, a la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Para este referente del pensamiento económico nacional, el Congreso debería primero analizar el acuerdo al que arribó la actual administración, ya que se trata de “una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos”. “Lo primero que debería hacerse con ese arreglo es someterlo a la evaluación del Congreso. Ahí debería aprobarse y recién después analizar como Estado independiente y soberano si corresponde derogar una norma”, observó el economista.
En cuanto a las políticas implementadas por el gobierno, Ferrer apuntó que se llevó a cabo “una gran transferencia de recursos” desde los sectores asalariados a los más favorecidos. “En estos 70 días hubo inflación, devaluación y se generó una regresiva transferencia del ingreso de los sectores populares a los más ricos. Ahora el Gobierno debe aplicar políticas para ver cómo evoluciona la economía en el futuro”.

TEMAS DE DEBATE: EL IMPACTO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN EL SUELDO DEL TRABAJADOR Un problema que sigue sin solución

Producción: Tomás Lukin

Impuesto al trabajo

Por Walter Iampietro *
El mal llamado Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría nació porque las empresas repartían ganancias aumentando los sueldos de sus directivos para evitar el impuesto a la renta. Por eso, entre los ítems deducibles están los intereses de un plazo fijo, donaciones o el servicio doméstico y sin embargo no permite deducir el alquiler de vivienda única, para una familia sin acceso al techo propio. No se lo diseñó para que lo paguen trabajadores bajo convenio y por eso se lo llama Impuesto a las Ganancias y no a los “altos ingresos” o “altos salarios”.
Durante los últimos años, la inflación y la falta de actualización ha generado que el Estado se haga con proporciones cada vez mayores de las remuneraciones por encima del mínimo no imponible, sin diferenciar jerarquías o actividades. Con el agravante de que al no actualizar las escalas casi la totalidad de los trabajadores que pagan, lo hacen desde las alícuotas más altas. La presión tributaria, que debería ser progresiva, a través de la inflación llevó a que paguen la misma alícuota un trabajador bancario que sus empleadores. Un obrero metalúrgico que un gerente de una multinacional. Por eso, cualquier modificación que no avance sobre la actualización automática de las escalas no podrá revertir la estructura regresiva de este impuesto, que tal como está planteado es un impuesto al trabajo.
El Estado a través de la inflación ha avanzado sobre el salario de tal forma que la única modificación significativa en la estructura tributaria nacional se ha dado por el avance de este impuesto. Según datos de la Secretaría de Hacienda entre el 2006 y el 2014 la recaudación total creció 7,7 puntos. Mientras lo recaudado por las Ganancias de las empresas se multiplicó 6,7 veces la cuarta categoría lo hizo por 11 incrementando su participación en la recaudación total de 5,5 a 7,8 por ciento. Los asalariados empujaron la recaudación mientras que las empresas disminuyeron su aporte en concepto de renta. En el 2007 la cuarta categoría explicaba el 21 por ciento de lo que se recaudaba por Ganancias, en el 2014 el 35 por ciento. Cada vez más trabajadores lo pagaron y cada vez pagaron más. En parte porque al Estado le resulta más fácil gravar proporciones cada vez más grandes de los salarios que, por ejemplo, detectar el fraude en el empleo informal. Aún así hay quien sostiene que si comparamos la recaudación de impuestos similares con otros países, los números no parecen altos, pero para esto debemos contemplar la matriz tributaria en su conjunto.
El enorme consenso alrededor de este tema que se pudo reflejar en la última campaña presidencial a pesar de la constante estigmatización del reclamo. Por eso, es urgente un tratamiento legislativo y un debate que contemple no solo la actualización automática de las escalas y deducciones, sino la incorporaciones de otros ítems, a partir de repensar el impuesto. Items como ruralidad, horas extras, tarea peligrosa, desarraigo, viandas, horas nocturnas o conceptos similares deberían ser exentos ya que se encuentran amparados por los distintos convenios colectivos de trabajo. Incluso hay propuestas en el congreso que contemplan la incorporación del Salario Mínimo de Convenio como exención.
De la misma manera es necesario incorporar deducciones como el alquiler de vivienda única, guardería, preescolaridad y conceptos que resultan mejor justificados que el Servicio Doméstico a la hora de pensar lo que significa un “alto ingreso”.
El gobierno de Macri no solo ha demostrado desconocimiento del tema como se vio en sus anuncios contradictorios. También falta de capacidad política para comprender un tema que la CGT ha instalado hace rato en la agenda de nuestro país. Es inaceptable la reducción de las retenciones a la minería sin antes atender el problema del mínimo no imponible, con las implicancias que tiene esto para el consumo interno y la necesidad de los trabajadores de hacer frente a la escalada inflacionaria. A partir de la conformación del Observatorio de Temas Laborales impulsado por las centrales obreras y los diputados de extracción gremial, sumado al apoyo explícito de los distintos espacios políticos la cuarta categoría tendrá tratamiento parlamentario aun cuando el oficialismo se resista.
* Juventud Sindical.

Recuperar la progresividad

Por Agustín D’Attellis *
Si bien la reforma en la estructura del Impuesto a las Ganancias que recae sobre los asalariados era necesaria, los términos anunciados por el Gobierno no son los más adecuados. Los cambios deberían apuntar a recuperar la esencia progresiva de este impuesto elevando el mínimo no imponible y modificando las escalas de manera que las alícuotas más altas se apliquen sobre salarios realmente elevados. El decreto 1242/13 que referenciaba el mínimo no imponible en 15.000 pesos a septiembre de ese año implicó muchas distorsiones dado que congeló en un momento del tiempo el valor de referencia. Sin embargo, se torna evidente que aplicando los aumentos promedio por paritarias de 2013 (25 por ciento), 2014 (32 por ciento), y 2015 (28 por ciento), esos 15.000 hoy serían 31.400 pesos. Esto permite concluir que, si bien se corrigen las distorsiones ocasionadas por el decreto ya derogado, el incremento resulta a todas luces escaso, ya que en términos generales incluye más trabajadores que los que excluye en el pago del impuesto.
Cuando se incorpora al cálculo la paritaria promedio para este año, el atraso resulta mayor aún. Con la pauta propuesta por el gobierno, de 25 por ciento (según su propia proyección para la inflación este año, no compartida por ninguna estimación privada), el equivalente a aquellos 15.000 pesos ascendería hoy a 39.200 pesos, y si se considera un acuerdo en torno al 40 por ciento el monto equivalente sería de 42.300 pesos. Es decir, para mantener la situación de 2013, el mínimo no imponible debería situarse alrededor de los 40 mil pesos.
Asimismo, urge modificar las escalas que aplican actualmente sobre el cálculo de este impuesto. Las modificaciones de los últimos años, sin haber modificado las escalas y sus alícuotas, condujeron a un achatamiento de la pirámide, donde un porcentaje muy alto (más del 70 por ciento) de los asalariados alcanzados por el impuesto, pagan las dos alícuotas más altas, con tope en 35 por ciento.
Llama la atención que el gobierno actual durante la campaña sostuvo que debería eliminarse este impuesto, por considerar –según su punto de vista– que no corresponde su aplicación sobre los salarios, por no ser estos ganancias. Pareciera esta discusión un simple tema semántico. Los ingresos individuales parten de tres fuentes: rentas, beneficios y salarios, con lo cual, en lo que respecta a principios de imposición, los impuestos deben pagarse en alguna de las tres fuentes indiferentemente. El financiamiento genuino del Estado es a través del pago de impuestos, con lo cual desde el punto de vista de la importancia del Estado en la administración de la economía, se torna necesario mantener la fuente de financiamiento, aunque dotada de progresividad. El impuesto a las ganancias es el más progresivo de los impuestos, motivo por el cual deberá corregirse su estructura actual para que recupere su esencia.
El error en la implementación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios genera una pérdida de poder adquisitivo, y una reducción de la masa salarial, que actúa como motor de la demanda. Esta situación, junto a otras medidas económicas tomadas los últimos dos meses, que implican transferencias de recursos hacia sectores concentrados, debilitan el mercado interno y conducen a un círculo vicioso de menor producción y pérdida de puestos de trabajo. En un contexto internacional muy adverso para la economía argentina, con fuerte caída de la demanda externa resulta imperioso avanzar en el camino del fortalecimiento del mercado interno, y lograr avances distributivos en pos de incrementar la participación del salario en el ingreso total de la economía.
Esto implica, apuntar a acuerdos en negociaciones paritarias por encima de las proyecciones reales de inflación, es decir, en torno a un 35-40 por ciento; y la modificación de la estructura del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, elevando el mínimo no imponible y modificando las escalas. Deberá el Congreso de la Nación tomar un rol activo en este sentido, dado que pareciera no ser la equidad distributiva un objetivo de las autoridades económicas en el ámbito del Poder Ejecutivo.
* Economista Docente UBA.

EL GOBIERNO PAGARA LA DEMANDA PESE A QUE NO EXISTE SENTENCIA EN CONTRA Los bonistas bailan la tarantela

Por Alfredo Zaiat
Argentina no tiene una sentencia en firme desfavorable en el Ciadi (tribunal dependiente del Banco Mundial) en ninguna de las presentaciones realizadas por bonistas italianos con títulos en default 2001. No existe un único laudo. Uno está caratulado como “Giovanni Alemanni”, otro como “Ambiente Ufficio SPA”, y un tercero como Abaclat y otros (antes Giovanna a Beccara). La cantidad de bonistas involucrados no es muy precisa. En ese último caso, de 180 mil pasaron a 60 mil y la última estimación es de 50 mil, en otro eran 183 y luego descendieron a 74, y en otro apenas reunieron 29. El monto demandado inicialmente fue de 1500 millones de dólares que por una inflación no detallada se elevó a de 2500 a 2800 millones en publicaciones de prensa. En este extraño proceso de arbitraje, en uno de ellos el principal abogado patrocinante nunca se presentó. También hubo firmas falsas de bonistas demandantes (por caso, las de Antonio y Silvio Pilastro), irregularidad probada por peritos presentados por Argentina pero que fue desestimada por la mayoría de los árbitros del tribunal, en una muestra de la parcialidad del juicio. Incluso en dos de esos laudos, los respectivos tribunales declararon terminado el arbitraje, sin fallar a favor de los bonistas italianos, y por lo contrario reclamando a ellos y a la Argentina que paguen las costas del caso. Con semejante nivel de fragilidad documental en el respaldo de sus pretensiones, la indeterminada cantidad de bonistas italianos representados por abogados, lobbistas y financistas recibieron la gracia del gobierno de Mauricio Macri que les reconoció el pago del 150 por ciento del capital original más los intereses devengados acumulados de los títulos en cesación de pagos, por un total de 1350 millones de dólares. La cancelación de esa deuda será en efectivo.
Como parte de su estrategia de sumar fondos buitres y bonistas con papeles de deuda argentina en default, el ministro Alfonso PratGay anunció “un acuerdo lo más rápido y justo posible” con bonistas italianos, ofreció como descripción de su política de negociación. Fue indudablemente rápido, lo que no es tan claro de definir es que haya sido justo en términos de las finanzas argentinas, no así de los lobbistas italianos.
PratGay informó que el acuerdo lo cerró con el representante de bonistas italianos, Nicola Stock, abogado y líder del grupo Task Force Argentina. Se mencionó en un comunicado de prensa que el monto involucrado asciende a 1350 millones de dólares, 900 millones de capital original y el resto de intereses acumulados. La suma es la mitad de lo reclamado ante el CIADI, lo que desnuda la estrategia de inflar la demanda para luego negociar una quita que no fue tal, como quedó en evidencia con el acuerdo sellado con el equipo económico de Prat-Gay.

Stock

El recorrido de la deuda argentina en default en manos de ahorristas italiano tiene como protagonista principal a la banca italiana. Cinco años y medio después de la declaración de la cesación de pagos, en junio de 2007 el gobierno italiano, con Romano Prodi como primer ministro, decidió indemnizar a los bonistas de su país que tenía esos papeles de deuda argentina. Lo hizo reconociendo que la responsabilidad de la estafa a los ahorristas italianos no fue del Estado argentino sino de los bancos italianos que les vendieron bonos a sus clientes, a pesar de tener información sobre la grave situación económica argentina. Esa indemnización sumó unos 6000 millones de euros, dinero proveniente de los denominados “fondos durmientes” que existen en los bancos de la península. Se trata del dinero que quedó “abandonado” en las entidades financieras sin que nadie lo reclamara durante diez años.
Los pequeños inversores italianos formaban parte de uno de los grupos más numerosos con papeles de la deuda argentina en cesación de pagos. Eran alrededor de 400 mil que reclamaban 12.600 millones de dólares, el 15,6 por ciento del total de la deuda defolteada. La banca italiana estaba acorralada por el reclamo de los ahorristas y por fallos de la justicia de su país que culpaban a las entidades por colocar papeles de una economía con destino de quiebra a sabiendas de que eso ocurriría. Esos bonos antes estaban en su cartera y por eso estaban desesperados para desprenderse de ellos. En ese contexto, la Asociación de Bancos Italianos recicló a un ex gerente del Banco de Roma, Nicola Stock, como “defensor de los intereses de los bonistas”. Stock fue uno de los principales lobbistas en contra del canje de la deuda, impulsor de la demanda ante el CIADI y quien cerró el preacuerdo con el equipo de finanzas de PratGay.

Arbitrajes

La lectura de los documentos publicados en la web del International Centre for Settlement of Investements Disputes (Ciadi, en castellano) correspondientes a los laudos iniciados por bonistas italianos permite comprobar el elevado grado de parcialidad en las resoluciones de los tribunales integrados para esos casos. Compuesto por tres árbitros (uno presentado por el demandante, otro por el demandado y el presidente elegido de común acuerdo o, en una situación de disenso, por el Consejo Administrativo del Ciadi), las votaciones de las resoluciones claves fueron dos a uno, con disidencias del nombrado por Argentina.
La competencia del Ciadi en una situación de default de deuda soberana es controvertida. Sólo un grupo de abogados, lobbistas y financistas italianos llevaron el caso a la instancia de arbitraje. Fondos buitres y otros dueños de bonos en default iniciaron juicios en Nueva York, Londres o Frankfurt porque el Ciadi no era considerado como una vía adecuada para presionar al país ni para cobrar. Hasta ahora porque se abrió otro mecanismo de extorsión financiera luego de la liviana estrategia del gobierno de Macri de reconocer una sentencia que no existe.
Más aún, dos de los procedimientos abiertos en el Ciadi se cerraron sin emitir fallo sobre el fondo de la cuestión. El motivo fue económicofinanciero: ninguna de las dos partes se comprometió a pagar los gastos del arbitraje. Era esperable esa resistencia por parte de Argentina que había cuestionado la competencia del tribunal, no así de los representantes de los bonistas italianos.
Es una situación desopilante cuyos detalles reflejan la audacia especulativa de abogados y financistas lanzados a esperar que el país deudor, cuando las condiciones políticas lo facilitaran, por ejemplo con un gobierno “market friendly” como el de Mauricio Macri, les reconociera el pleno apostado en el paño parcial de un tribunal del Ciadi.

Alemanni

Uno de esos casos extravagante es el de Giovanni Alemanni y otros contra la Argentina (Ciadi Nº ARB/07/8). El tribunal arbitral estuvo compuesto por Franklin Berman más los árbitros Karl-Heinz Böckstiegel y J. Christopher Thomas.
El 9 de enero de 2007, el Ciadi recibió una solicitud de arbitraje fechada el 22 de diciembre de 2006, presentada por Giovanni Alemanni. El 3 de julio de 2008 el Centro notificó a las partes la constitución del tribunal de arbitraje. El 5 de diciembre de ese año, el tribunal llevó a cabo la primera sesión con las partes en su sede, en Washington. Desde entonces hubo diferentes diligencias procesales hasta que el 17 de noviembre de 2014 emitió un falló sobre jurisdicción y admisibilidad en contra de la posición argentina.
Los demandantes eran inicialmente un conjunto de 183 personas físicas y jurídicas italianas, pero luego del canje de deuda en default del 2010, la cantidad se redujo a 74. El italiano Luca Radicati di Brozolo y el abogado y ex titular de la Corte Suprema menemista Rodolfo Carlos Barra actuaron como correpresentantes de los bonistas italianos. La demanda solicitaba un resarcimiento e indemnización por los bonos en default en base al compromiso que surge del acuerdo entre Argentina e Italia de Promoción y Protección de las Inversiones firmado en Buenos Aires el 22 de mayo de 1990 (TBI).
El artículo 8 de ese tratado contempla el Ciadi en caso de controversias, y en la demanda pedían la restitución a cada acreedor del valor nominal total de sus bonos, más los intereses devengados hasta el vencimiento, más el interés compuesto desde el vencimiento hasta la fecha de la solicitud; más “los otros daños que se demostrara que son consecuencia directa de las violaciones al derecho internacional por la demandada; y el interés compuesto sobre lo anterior entre la fecha de la solicitud y la fecha de pago”.
Argentina sostuvo que el Tribunal carece de competencia y que el Ciadi carece de jurisdicción para tramitar acciones colectivas de esta naturaleza.
El tribunal celebró una audiencia oral el 7 y 8 de junio de 2011 y resolvió que los reclamos planteados eran admisibles. Los bonistas italianos tenían el arbitraje a su favor.
Pero el proceso no pudo avanzar porque ninguna de las partes desembolsaba el dinero para financiar el arbitraje, hasta que el tribunal resolvió dar por concluido el caso. “El tribunal se encuentra en la inusual posición en la que, no sólo ninguna de las partes en el procedimiento de arbitraje ha efectuado los anticipos requeridos, lo que impulsó la propuesta de terminación, sino que todas las partes de ambos lados están instando activamente al tribunal a cumplir con esa medida”. Luego viene la definición más insólita: “El tribunal no encuentra razón alguna para no hacerlo y, por ende, pretende poner fin formalmente al arbitraje por falta de pago”.
Este caso en el Ciadi no continuó porque los interesados no desembolsaron los dólares necesarios para financiar los gastos del arbitraje que los favorecía.
El tribunal emitió esa resolución el 14 de diciembre pasado, en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Fue una decisión beneficiosa para la Argentina que podía haber utilizado para negociar con un poco de firmeza antes de firmar el acuerdo con los bonistas italianos. Prefirió no hacerlo lo que Nicola Stock festejó, como se ocupó de trasmitir en el comunicado de prensa agradeciendo a Macri.

Gastos

Resulta ilustrativo detallar algunos de los eventos del caso Giovanni Alemanni (el de Ambiente Ufficio SPA es muy similar) como prueba que en el mundo de las finanzas y de las instituciones que lo respaldan no es muy relevante la rigurosidad de los argumentos, sino el poder para imponerse.
El tribunal del Ciadi solicitó a las partes en noviembre de 2014 que efectuaran un sexto pago adelantado de 200.000 dólares cada una, a fin de cubrir los gastos en los que habría de incurrirse en el marco del procedimiento durante los tres a seis meses siguientes.
El 9 de enero de 2015, la secretaria del tribunal notificó a las partes que el Ciadi no había recibido los pagos que se les habían solicitado e invitó a cualquiera de las partes a pagar el monto total de 400.000 dólares dentro del plazo de 15 días.
El 10 de agosto de 2015, la secretaria del tribunal informó a las partes de que habían transcurrido casi seis meses desde la suspensión del procedimiento (el arbitraje) por falta de pago y que, por consiguiente, la secretaria general del Ciadi estaba considerando la posibilidad de proponer que el tribunal pusiera fin al procedimiento.
El 14 de agosto de 2015 Argentina solicitó que la secretaria general propusiera que el tribunal pusiera fin al caso y, posteriormente, que ordenara a los demandantes que pagaran los costos y gastos del arbitraje.
Mediante una carta de fecha 18 de agosto de 2015, la secretaria general propuso que el tribunal pusiera fin al procedimiento.
En una carta del 23 de septiembre de 2015, los bonistas italianos afirmaron que la terminación del procedimiento parecía “inevitable”, puesto el “comportamiento de mala fe” que Argentina había adoptado con los bonistas, incluida su negativa a compartir los costos del arbitraje; su obstaculización y demora constante del procedimiento mediante la formulación de excepciones carentes de fundamento y, además, fuera del propio procedimiento de arbitraje, la creación de pánico y frustración con el objeto de provocar confusión entre los participantes, los había desalentado de continuar a la fase de fondo del caso.
Acusaron a la Argentina de haber aprovechado el hecho de que la mayoría de los inversionistas del arbitraje “son personas de clase media-baja que carecen de experiencia financiera y son fáciles de impresionar o asustar, lo que no sólo era injusto, sino que también constituía un incumplimiento del compromiso de arbitrar asumido por la demandada en virtud del TBI”. Por último, solicitaron que se le ordenara a la Argentina que se hiciera cargo de las costas del procedimiento.
O sea, una demanda presentada en el Ciadi para cobrar los bonos en default había mutado en una controversia sobre quién debía pagar los gastos del procedimiento, que el tribunal arbitral había dado por concluido.
Argentina replicó en una carta del 15 de octubre de 2015 que “no debería ser responsabilizada por la falta de interés de los demandantes en el arbitraje”, y recordó que había sido coherente al adoptar la posición relativa a la “improcedencia de este procedimiento arbitral como un mecanismo para resolver una controversia relativa a una deuda soberana, la inviabilidad de un procedimiento iniciado por un número de demandantes que va variando a medida que avanza el proceso y cuya identificación y titularidad respecto de los intereses sobre títulos reclamados no ha sido posible establecer hasta el presente”.
Este tipo de demanda en el Ciadi (que han concluido porque no se pagaron los gastos, y el que está vigente no tiene sentencia) son las que el ministro Alfonso PratGay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, decidieron acatar pagando el 150 por ciento del capital original de la deuda en default. La banca italiana disfrazada de bonistas, Nicolas Stock, abogados y lobbistas están agradecidos.

domingo, 28 de febrero de 2016

Tras doctorarse en física y matemática en La Plata, fue profesor en la UBA hasta 1962, cuando emigró a Canadá. Allí enseñó filosofía en la McGill University de…
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